Gisela, los Padrés y el debido proceso

Durante más de 7 años, Gisela Peraza Villa fue trabajadora del hogar de Guillermo Padrés y familia.

En marzo de 2011 fue acusada de robo agravado por, supuestamente, hurtar una caja de cartón con dinero (450 mil pesos) y joyas (con un valor de 150 mil pesos) de sus patrones.

La demanda por robo la interpuso, a nombre del gobernador Padrés, el director administrativo del Ejecutivo del estado de Sonora; es decir, un funcionario público, no un abogado particular del mandatario.

El día que la acusaron del supuesto robo, a Gisela la encerraron en su habitación hasta el día siguiente, sin teléfono y con guardia en la puerta. Luego, la transportaron en una patrulla del Ministerio Público y fue hasta 4 días después cuando apareció, con signos de tortura.

En entrevistas que ha dado sobre lo que padeció en sus diferentes detenciones, Gisela ha sostenido que: la golpearon en los pies con una tabla mojada, que intentaron asfixiarla con una bolsa de plástico, la amenazaron de diferentes formas, le echaron orines y agua por la nariz, la insultaron, y que estuvo con la cara vendada. Asegura que cuando le quitaron la venda, alcanzó a ver al comandante encargado de la seguridad del gobernador. Denunció que sus torturadores insistían en que firmara los papeles donde se autoincriminaba del robo.

El 5 de abril de 2011 Gisela fue detenida de nueva cuenta, ahora por seis patrullas que rodearon el coche en el que viajaba con su hermana. Le quitaron el celular. Estuvo dos meses arraigada, en un hotel.

Gisela denunció secuestro, tortura, abuso de autoridad y detención arbitraria. La Comisión Estatal de Derechos Humanos desestimó la denuncia presentada el 18 de marzo de 2011.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó en una recomendación, la 54/2013, la tortura, retención y detención arbitraria e instruía a la reparación del daño y la atención médica y psicológica para que se restableciera su salud física y emocional, así como fincar responsabilidad penal y administrativa en contra de los elementos que la torturaron. El gobierno de Padrés no adoptó la recomendación.

Gisela primero fue recluida en Huatabampo, a 356 km de donde vive su familia, luego unos meses en Hermosillo, posteriormente en San Luis Río Colorado, a 628 km. Finalmente en el penal femenil de Hermosillo, Sonora.

No hay testigos del robo, ni le encontraron evidencia. Fue sentenciada a 4 años de cárcel.

Al terminar su sentencia, a punto de salir de la cárcel, la autoridad la acusó el 2 de junio de 2015 de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión de metanfetaminas, con fines de venta, por supuestamente haber encontrado droga cristal en su celda (Expediente AP 402/15).

Según se denunció entonces, eso habría sido una represalia porque Gisela se negó a firmar un “convenio” para irse del estado por seis meses y no dar ninguna entrevista. Ella dice que le ofrecieron dinero para que se fuera a Mexicali hasta después de las elecciones.

Salió libre el 8 de junio, al día siguiente de las elecciones. El juzgado determinó no contar con pruebas suficientes para juzgarla.

Hoy los Padrés alegan que la detención de su hijo, Guillermo Padres Dagnino, viola el derecho y el debido proceso.

Es muy probable que así sea.

Ojalá los reclamos de los Padrés sean escuchados y se revise el caso del vástago de quien como gobernador se cebó en contra de una mujer, pobre y sin cara defensa, a la que encarcelaron arbitrariamente 4 años.

Tomado de El Financiero

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