Sancionados, 468 trabajadores de Sedesol por presuntos fraudes…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En años recientes la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó supuestos fraudes en el Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM), operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); sin embargo, a la fecha los únicos funcionarios sancionados son 468 promotores, acusados de haber plasmado sus huellas dactilares en lugar de los beneficiarios del programa.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció hoy que de manera precautoria suspendió a estos extrabajadores –quienes incorporaban a adultos mayores al programa en 30 entidades federativas– “para continuar con las diligencias correspondientes”, mientras que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedesol interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Cuando el caso se dio a conocer por primera vez en diciembre de 2016, el entonces titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, sostuvo que 493 promotores fueron culpables de la usurpación de identidad de beneficiarios del programa, en un fraude que, aseveró, se elevaba a 19 millones de pesos. Esta cifra disminuyó hoy a 468.

Expromotores que laboraban para el programa en la Ciudad de México, consultados por Apro días después de que Miranda dio a conocer el caso, rechazaron su implicación en el presunto desvío de dinero y afirmaron que, en la gran mayoría de los casos, los recursos de las pensiones llegan a los beneficiarios de la capital mediante transferencias bancarias.

Durante los primeros dos años que Rosario Robles Berlanga estuvo al frente de la Sedesol –en 2013 y 2014–, la dependencia firmó un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para incorporar a adultos mayores al programa, y la ASF determinó que 571 millones 780 mil pesos fueron desviados a través de esquemas fraudulentos, según la auditoría DS-064 publicada en febrero de 2016.

Los expromotores afirmaron que el convenio con la institución académica mexiquense provocó un gran número de problemas administrativos, pues si bien los promotores trabajaban de manera directa para la Sedesol, recibían sus pagos de la UAEM, con retrasos de varios meses.

En la auditoría 1877-DS, publicada la semana pasada, la ASF determinó que el sistema de datos del PPAM sufre “deficiencias importantes” que derivaron en pagos a 17 mil personas fallecidas por 64 millones 152 mil pesos en 2016, y que la falta de control podía causar un daño al erario por 3 mil 198 millones de pesos.

José Antonio Meade Kuribreña, el candidato del PRI a la presidencia de México, presumió el pasado jueves 22 que la suspensión de los promotores derivó de una investigación que él inició cuando llegó a la Sedesol; sin embargo, sigue sin explicar por qué no denunció los desvíos multimillonarios operados por el equipo de trabajo de Robles, su antecesora.

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