Y al final nos convertimos en la “migra” de Estados Unidos

Al margen del discurso oficial del presidente López Obrador, en los hechos México ya cumple las funciones de Tercer País Seguro para los migrantes que esperan obtener asilo en Estados Unidos. Aunque esa figura implica no sólo la contención, sino también la atención a las personas que salen de Centroamérica con destino al país del norte, la presión política y económica del presidente estadunidense Donald Trump orilló al gobierno mexicano a poner énfasis en la detención y la deportación de las familias que escapan de la cruel realidad centroamericana.

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los últimos 45 días, ante la mirada satisfecha del presidente estadunidense Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó a andar todo su aparato civil y militar para impedir que decenas de miles de centroamericanos lleguen a pedir asilo a Estados Unidos.

Bajo las órdenes del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon –quien selló el compromiso de reducir “significativamente” el paso de refugiados por el país–, se endureció la presencia militar en las fronteras sur y norte. En junio, la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a cerca de 30 mil centroamericanos y deportaron a 21 mil 912. Muchos viajaban en familia, a menudo con bebés.

El ritmo de deportación –un promedio de 730 personas por día– rebasa en 31% el registrado en mayo de 2015, cuando alcanzó su mayor intensidad la estrategia de contención migratoria conocida como Plan Frontera Sur, que lanzó la presidencia de Enrique Peña Nieto. Esa estrategia incrementó los abusos y la violencia contra los migrantes y, a decir de defensores de derechos humanos, obligó a muchos de ellos a seguir rutas más peligrosas.

En Chiapas, Veracruz y Tabasco, elementos de la GN instalaron retenes e intensificaron los patrullajes; efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se apostaron en las orillas del río Suchiate para repeler a los migrantes que cruzan en balsas; se multiplicaron los operativos y las redadas en hoteles y casas particulares, mientras que los hoteleros y transportistas fueron amenazados con penas de cárcel si prestan sus servicios a personas indocumentadas.

A la par, Washington intensificó su programa conocido como “Quédate en México”: en junio las autoridades estadunidenses devolvieron a 9 mil 91 solicitantes de asilo centroamericanos (303 por día) a los “puntos de retorno” del lado mexicano de la frontera, donde aguardarán a que un juez de migración del vecino país determine si les otorga el estatus de refugiado.

López Obrador se negó en enviar una nota diplomática a Washington para reclamar una serie de medidas que adoptó la administración de Trump contra los migrantes en semanas recientes.

Éstas incluyen redadas para deportar a 1 millón y medio de indocumentados y la entrada en vigor de una nueva orden que impide a los extranjeros pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos si no lo hicieron antes, al menos, en México. Esta última medida fue abiertamente criticada por el parlamento de la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El lunes 22 venció el plazo de 45 días que Trump otorgó a México el pasado 7 de junio, y durante el cual el gobierno de López Obrador se comprometió a reducir “significativamente” la llegada de migrantes centroamericanos a su frontera, a cambio de que el presidente estadunidense no cumpla su amenaza de imponer un arancel general sobre los productos mexicanos.
Un día antes, el domingo 21, el secretario de Estado Mike Pompeo pasó por México, en una etapa relámpago de la gira que está realizando por la región. Se reunirá a puerta cerrada con Ebrard y le informará si Trump determinó “a su discreción” que el gobierno mexicano hizo un trabajo suficiente para frenar la migración centroamericana, que desde enero pasado creció de manera vertiginosa: más de 400 mil personas de ese origen llegaron a la frontera de Estados Unidos, la mayor parte de ellos en familia.
En el caso de que Trump considere que México no hizo lo suficiente, Washington obligará al gobierno federal a abrir negociaciones para llegar a un acuerdo de Tercer País Seguro.
Hasta el momento Trump parece satisfecho con el desempeño del gobierno mexicano: en su cuenta de Twitter ha escrito que México “lo está haciendo muy bien en la frontera” y que “está haciendo un muy buen trabajo en detener personas mucho antes de que lleguen a nuestra frontera”.
La de Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados por Morena, fue la única voz disonante en la llamada Cuarta Transformación sobre la gestión de la crisis migratoria, pues deploró que Trump “se jacta de que ganó”.
El pasado lunes 15 el legislador arremetió contra las concesiones del gobierno mexicano ante Trump: declaró que México se convirtió “no de hecho, sino de derecho”, en Tercer País Seguro, equiparó los centros de detención migratoria de México con “campos de concentración nazis” y criticó: “No se vale pagar aranceles con migrantes; es decir, carne humana por una medida económica”.
(Diario de Coahuila)

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