El silencio de la 4T y los dueños de la prensa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El silencio es complicidad”. Con esta frase, la periodista Miroslava Breach Velducea respondió a un político de Chihuahua que le pedía revelar las fuentes de sus investigaciones sobre la narcopolítica en la entidad. Nueve meses después de esa conversación grabada por el interlocutor de la periodista, la mañana del 23 de marzo de 2017, fue asesinada afuera de su casa.

A las pocas semanas, el panista Javier Corral Jurado ganó el gobierno del estado y prometió una investigación que sería “modelo nacional” para dar con los responsables. La promesa quedó en eso y el gobernador se dedicó a desacreditar a la prensa porque, según él, estaba inconforme porque su gobierno ya no repartía dinero entre los periodistas.

Una investigación internacional encabezada por periodistas mexicanos agrupados en el Colectivo 23 de marzo acaba de publicar una serie de tres reportajes en los que documentan aspectos sustanciales que las autoridades estatales y federales han soslayado y con ello evitado el esclarecimiento del crimen.

El proyectomiroslava.org tiene el respaldo de organizaciones periodísticas internacionales de investigación: Forbidden Stories @FbdnStories, Bellingcat @bellincat y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística @CLIP_AmericaLat.

De esa manera, periodistas de distintos continentes exhiben ante el mundo lo que las autoridades mexicanas no han querido investigar desde la administración de Enrique Peña.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su llamada Cuarta Transformación no ha alcanzado a la crisis de inseguridad que padece el periodismo en México y que lo hace uno de los países más peligrosos para su ejercicio. Por momentos, incluso, ha exacerbado el ánimo contra la prensa que no le es afecta, que no coopera con su proyecto o de plano para él son “mal portados”.

La comunidad internacional cada vez está pronunciándose más sobre las graves violaciones a la libertad de expresión e información en México, propias de países en guerra y de Estados incapaces de garantizar el respeto de estos derechos universales.

Por eso la dureza del reciente reporte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en México, luego de una visita que hizo en abril pasado al país.

En el caso de los periodistas y defensores de los derechos humanos, aseguró a principios de septiembre que éstos padecen “una terrible situación”, que ilustró con cifras que atañen directamente al gobierno de López Orador:

“Hemos documentado el asesinato de 11 periodistas y 13 defensores de derechos humanos en este año”, una cuenta que cubre ya el periodo de la llamada 4T. Para la Alta Comisionada de la ONU, el gobierno de López Orador tiene que transformar el mecanismo de protección que está a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y que ha resultado inoperante para el esclarecimiento de los casos de agresiones contra los periodistas.

A diferencia de otros países, el asesinato de periodistas no ha movilizado a la sociedad, paralizada de por sí ante el temor de la delincuencia organizada. Los dueños de los medios tampoco han hecho suyo este problema.

Por eso lo llamativo de la decisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –una asociación de dueños y directores de diarios y periódicos de América de corte conservador y oficialista– de hacer una visita esta semana para tratar el tema de la violencia contra los periodistas mexicanos.

Además de encontrarse con la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero; el fiscal general, Alejandro Gertz Manero; la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marta Delgado, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, así como una visita al estado de Veracruz –símbolo de la violencia contra la prensa en México–, dueños de periódicos de las Américas buscarán que directores de medios mexicanos se sumen a la revisión de casos de periodistas que han sido asesinados en México y han sido investigados por la SIP.

No es el único esfuerzo internacional. Están desde hace años organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, que tiene su sede en Nueva York), y Reporteros Sin Fronteras (RSF), de Francia. Pero esta vez es un llamado de propietarios a propietarios de medios.

El silencio es cómplice y el gobierno de López Obrador y los dueños de los medios mexicanos tendrán que asumir que no pueden seguir con una actitud de avestruz mientras el muro atestigua cómo se atenta contra la libertad en México.

@jorgecarrascoa

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