La corrupción a espaldas de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó y reportó el mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos desvió en 2019 recursos federales del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

La revisión que se hizo a la Subdirección de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) revela que el dinero del Fodepar fue comprobado con documentación “alterada, apócrifa y carente de validez fiscal” y confirma lo publicado por este semanario el pasado junio (Proceso 2242): los recursos públicos fueron triangulados mediante empresas que facturaron a sobreprecio la realización de eventos deportivos.

Luego de que el 17 de junio de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó públicamente que la SFP auditara al Fodepar, el OIC comenzó una revisión que terminó a finales de septiembre. Los funcionarios de la Conade que fueron fiscalizados tuvieron hasta diciembre para solventar las seis observaciones que los auditores les hicieron. Sin embargo no aclararon las cuentas. Las faltas administrativas son punibles penalmente.

Pese a que las observaciones señalan claramente el desvío de dinero público y el daño patrimonial causado, el titular del OIC, Filiberto Otero Salas, no ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja.

La directora general de la Conade, Ana Gabriela Guevara, también ha sido omisa: no ha denunciado a sus colaboradores, aunque desde finales del pasado septiembre concluyó la auditoría que señala como responsables a Israel Benítez Morteo, subdirector de Calidad para el Deporte; Arturo Contreras Bonilla, director de Alto Rendimiento; Carlos Fernando Ramírez Barrera, director de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia; y Faustino Jesús Díaz Muñoz, subdirector de Apoyos a Federaciones y Atletas de Alto Rendimiento.

Benítez Morteo también conoce desde septiembre los resultados de la auditoría de la cual este semanario posee una copia. Él es el máximo responsable del uso eficiente del dinero del Fodepar.

La revisión también responsabiliza a Rafael Herrera Moguel, subdirector de Análisis Técnico Deportivo; Tania Ibeth Sierra González, jefa del Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria; y Adriana Ortega Cedillo, jefa del Departamento de Mercadotecnia.

Todos esos personajes violaron las Reglas de Operación del Fodepar al aprobar a sobreprecio el pago de boletos de avión, exceso de equipaje, transportación terrestre, hospedaje, alimentación, hidratación y compra de equipamiento deportivo en alrededor de 70 competencias y campamentos en los que participaron atletas convencionales y del deporte adaptado.

Algunos de los funcionarios señalados validaron la comprobación de los recursos federales con documentos alterados o falsos que fueron expedidos –varios de ellos– mediante un esquema de “refacturación” que integran empresas y personas morales como Volare Travel Shop, Catering Housekeeping, Hospitality and Feeding Services SA de CV, Actitud Travel SA de CV, Operadora Turística Bluo S de RL de CV, Brisca SA de CV, Comercializadora Mejía y Lam SA de CV (Andrés Moctezuma González), Viajes Temixco SA de CV, Édgar García Morales y Asociados, Charters Turísticos y Deportivos SA de CV, Corporativo Supervisores Arroyo & García SA de CV y Viajes Escalona SA de CV.

Además, el dinero del Fodepar con el que fueron financiados dichos eventos deportivos –viajes de atletas a competencias y campamentos y compra de equipamiento– le fue transferido a personas que simulan ser entrenadores, pero en realidad son los denominados “analistas técnicos (que sustituyeron a los antiguos metodólogos)”, quienes a su vez indebidamente depositaron los recursos federales a las mencionadas empresas.

En otros casos, cuando la prestación de los servicios se hizo mediante una federación, la transferencia de recursos fue directa a las cuentas de dichos organismos deportivos, que tampoco comprobaron correctamente el gasto del dinero público o simplemente no lo justificaron.

De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, los servidores públicos son responsables de los actos u omisiones en los que incurran durante su desempeño.

La información recabada por este semanario indica que la auditoría realizada a la Subdirección de Calidad para el Deporte, que administra el fideicomiso Fodepar, comprende el periodo de enero a junio de 2019. Sin embargo, la evidencia sugiere que el dinero ejercido de julio a diciembre también ha sido desviado mediante el mismo modus operandi instalado en la Conade desde que Guevara asumió su dirección.

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