Annus horribilis o una política de ayudas a la prensa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La política de comunicación social de la Cuarta Transformación ha tenido un fuerte impacto en los ingresos de los medios, pero no han desaparecido las malas prácticas, la discrecionalidad y la concentración de la publicidad oficial en las televisoras privadas y algunos medios predilectos. Además, la pandemia ha causado estragos: la prensa requiere sus propios respiradores en forma de ayudas para poder subsistir.

El gobierno de la 4T está preocupado por la “infodemia”, por las noticias falsas que circulan, por los periodistas “pagados” que atacan al presidente López Obrador, incluso está muy angustiado por el mal momento que atraviesa la radiodifusión, pero no está interesado en fortalecer el periodismo y tener una prensa robusta a través de un programa de ayudas. A pesar de las fake news, la información más confiable sigue estando en la prensa.

El gobierno ha sido generoso con la televisión, transfiriéndole los mayores porcentajes del gasto en comunicación social, subsidiando 11.2 millones de televisores digitales para los hogares (equivalentes a 28.4 mil millones de pesos) o eliminando 40% del tiempo fiscal que pagan en especie los radiodifusores.

Sin embargo, no ha concebido un programa neutral y simplificado de ayudas a la prensa, desde desgravaciones fiscales directas o indirectas (como en Italia, Reino Unido o Estados Unidos), bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social, apoyos postales y ayudas a la difusión, modernización e innovación. El apoyo del Estado a la prensa debe ser neutral, basándose en los mismos principios para todos los diarios y revistas, sin distinción de contenido ni de opinión, incluidas las publicaciones críticas.

Ante la desinformación que circula en las redes, los objetivos de una política de ayuda (a cargo de una dependencia neutral como la Secretaría de Cultura, como ocurre en Francia) serían garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, el pluralismo en la prensa y el fortalecimiento de la democracia, pues ésta no sería una forma de gobierno sana sin un sistema de medios e información que realce los valores democráticos y empodere a la ciudadanía en su toma de decisiones.

Aunque se ha reducido el gasto de las dependencias de la Administración Pública Federal en comunicación social durante el primer año de la 4T en comparación con las erogaciones del sexenio peñista, la discrecionalidad en su asignación y distribución no ha desaparecido. Por si fuera poco, la emergencia sanitaria ha sido un duro golpe para todas las publicaciones, en particular las impresas que han dejado de circular en los kioskos.

Lo primero que llama la atención es la disparidad en los datos. En abril de 2019 el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez, informó que el monto autorizado para ese año era de 4 mil 711 millones de pesos. Un estudio elaborado por el economista Francisco Vidal Bonifaz señala que en 2019 el gasto del sector público federal por concepto de publicidad sumó 2 mil 953 millones de pesos (mdp), con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019.

Otro estudio, ahora de las organizaciones Artículo 19 y Fundar, señala que según las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social (Comsoc) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2019 se presupuestaron 5 mil 212 mdp para publicidad oficial. Sin embargo, de acuerdo con las cifras definitivas del Comsoc, el gobierno federal sólo gastó durante 2019 un total de 3 mil 245 mdp, dejando de ejercer cerca de dos mil millones de pesos.

Las cifras definitivas enero-diciembre de 2019 de la SFP muestran datos diferentes a los del análisis de las ONGs, a pesar de ser la misma fuente. El presupuesto original fue de 4 mil 900 mdp pero el ejercido quedó en 3 mil 084 mdp. Todas las cifras son diferentes.

Televisa (360.2 mdp) y TV Azteca (346.8 mdp) siguen siendo los medios más favorecidos por el gasto en comunicación social, con 22% de la inversión, según el estudio de Artículo 19 y Fundar. La 4T no ha significado un cambio en cuanto a favorecer a la televisión comercial en las partidas de publicidad oficial.

En tercera posición se ubicó la empresa Demos (La Jornada) que acaparó 251.6 mdp. Según el Padrón Nacional de Medios Impresos (PNMI) de la Secretaría de Gobernación, La Jornada tiene un tiraje promedio de 105 mil ejemplares. El Universal aparece en séptima posición y un ingreso por comunicación social de 85.1 mdp, pero el PNMI le reconoce un tiraje promedio de 133 mil 400 ejemplares. Diario Milenio reportó un tiraje de 99 mil 827 ejemplares y obtuvo 67.2 mdp por publicidad oficial en 2019. Finalmente, el diario Reforma (frecuentemente criticado por el presidente AMLO en las conferencias matutinas) se encuentra en la posición 13 de los 20 medios más favorecidos por la publicidad oficial con un ingreso de 59.1 mdp en comunicación social y un tiraje certificado de 138 mil 875 ejemplares.

¿Por qué si Reforma tiene mayor tiraje que La Jornada este último diario obtiene 300% más de publicidad oficial por parte de la 4T? ¿Por qué si Proceso es el semanario más influyente de México no ha figurado entre los beneficiarios de la inversión? ¿Se debe a su postura crítica ante los gobiernos?

La Ley General de Comunicación Social no establece criterios para la asignación de los recursos. Una vez más, con la 4T nada ha cambiado en cuanto a la discrecionalidad para seleccionar los medios y asignar los presupuestos de comunicación social y, con ello, premiar o castigar la línea editorial de los medios de comunicación, afectando la libertad de expresión y el derecho a la información.

El artículo 7 de la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal señala que está prohibido “presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores o a los medios de comunicación”. El artículo 14 del mismo ordenamiento dice que para efectos de difundir sus campañas de comunicación social, las dependencias deberán “seleccionar los medios conforme a criterios objetivos, tomando en consideración las características, tarifas, destinatarios, cobertura y especialidades que cada uno presenta”.

El sitio Economicón de José Soto Galindo señala que la tendencia de los medios impresos es hacia la reducción del negocio por circulación y publicidad frente a sus versiones digitales, que crecen a un ritmo insuficiente para compensar las pérdidas;  recortes de personal; tirajes cada vez más reducidos y una paulatina pérdida de confianza.

Hay que sumar la proliferación de noticias falsas y el impacto de la pandemia en todos los medios, particularmente los impresos. Además, el gobierno no ha erogado sus recursos de comunicación social. El presupuesto original aprobado para 2020 fue de 3 mil 030 mdp. Las pólizas hasta mayo sólo contabilizaban 8.4 millones gastados. Sólo se ha ejercido menos de 1% del presupuesto. 2020 se vislumbra como el año más horrible para los medios.

Twitter: @beltmondi

 

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