Cuatro estados gobernados por Morena no comprobaron cómo gastaron 12 mil mdp de fondos para salud

La Ciudad de México, Chiapas, Puebla y Veracruz, estados gobernados por Morena, no comprobaron en qué gastaron 12 mil 012.4 millones de pesos de recursos federales transferidos en 2019 a través del Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS), concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al revisar el gasto federalizado de la Cuenta Pública 2019 -correspondiente al primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum en la CDMX, Rutilio Escandón en Chiapas, Miguel Barbosa en Puebla y Cuitláhuac García en Veracruz-, la ASF detectó que estas entidades fueron las que incurrieron en las mayores irregularidades en el ejercicio de ambos fondos, lo que significa un probable quebranto millonario a las finanzas públicas y una afectación al derecho a la salud de la ciudadanía.

El Seguro Popular y el FASS han tenido el objetivo de dar cobertura de salud a la población sin seguridad social, y los recursos de ambos fondos federales deben destinarse a la adquisición de medicamentos e insumos médicos, la construcción y el mejoramiento de infraestructura hospitalaria y la contratación de personal médico y administrativo.

La ASF fiscalizó por separado el gasto que hicieron las 32 entidades federativas de los recursos tanto del Seguro Popular como del FASS.

En total, del Seguro Popular, todos los estados dejaron sin aclarar el ejercicio de 8 mil 499.6 millones de pesos. De ese total, 2 mil 695.2 millones corresponden a la CDMX; mil 963.6 millones a Veracruz, 788.5 millones a Chiapas y 712.6 millones a Puebla, con lo que tan sólo estas cuatro entidades reúnen el 72.4% (6 mil 159.9 millones de pesos) de todos los recursos con irregularidades.

En cuanto al FASS, los estados dejaron sin aclarar el ejercicio de 9 mil 536.6 millones de pesos, de los cuales, 4 mil 594.2 millones corresponden a la CDMX y mil 258.3 millones a Chiapas, que, en conjunto, representan el 61.3% (5 mil 852.5) del total de los recursos no comprobados. (En esta auditoría también fue señalado Oaxaca, gobernado por PRI, por no comprobar el uso de mil 488.4 millones de pesos).

Los recursos de los dos fondos federales para salud cuyo destino no aclararon los estados morenistas representan un probable daño al erario por 12 mil 012.4 millones de pesos. Sólo la CDMX suma irregularidades por 7 mil 289.4 millones de pesos, seguida por Chiapas, con 2 mil 056.8 millones; Veracruz, con 1 mil 963.6 millones, y Puebla, con 712.6 millones.

CDMX

La ASF concluyó que el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, no comprobó que haya ejercido los recursos del Seguro Popular conforme a la ley, lo que generó un probable daño al erario por 2 mil 695 millones 221 mil pesos, de acuerdo con la auditoría de cumplimiento 2019-A-09000-19-0631-2020.

“Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, lo cual se debió a que la información y documentación que proporcionó el Gobierno de la Ciudad de México se remitió de manera parcial, por lo que no permite verificar que los registros específicos de los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se encuentren debidamente identificados, controlados y actualizados, con su documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido”, indica la auditoría.

El documento señala, por ejemplo, que la CDMX no comprobó si los Servicios de Salud Pública y la Secretaría de Salud local destinaron recursos del fondo al fortalecimiento de la infraestructura médica y la adquisición de equipamiento médico, así como para adquisición de medicamentos incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.

Tampoco se comprobó si la autoridad local destinó, como establece la normatividad, hasta un 30% de los recursos transferidos por concepto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019 para la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.

En la auditoría de cumplimiento 2019-A-09000-19-0621-2020, correspondiente al ejercicio del FASS, la ASF concluyó que el gobierno de Sheinbaum no demostró la aplicación de 4 mil 594.2 millones de pesos en los objetivos del fondo.

“La entidad fiscalizada no presentó de forma certificada y completa los registros y pólizas contables con su documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por lo que la entidad fiscalizada no acreditó la aplicación de los recursos en los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, indica el documento.

Entre otras irregularidades, el gobierno local no comprobó que el personal contratado con recursos del fondo cumplieran con el perfil de las plazas, ni si los pagos al personal se ajustaron a los tabuladores autorizados. La ASF también presume que se utilizaron recursos para pagar sueldos a personas que se dieron de baja de la nómina o que estaban de licencia.

Por las irregularidades detectadas en el ejercicio de ambos fondos, la ASF solicitó iniciar 52 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de diversos funcionarios.

Chiapas

Al igual que la CDMX, el estado de Chiapas fue señalado por la ASF por el mal ejercicio de ambos fondos para la salud. En la auditoría de cumplimiento 2019-A-07000-19-0568-2020, relativo al gasto del Seguro Popular, la autoridad fiscalizadora señaló que el gobierno de Rutilio Escandón cometió irregularidades en materia de registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, así como control y entrega de bienes y servicios, que causaron un probable daño al erario de 788 millones 577.8 mil pesos.

Una de las anomalías detectadas fue que el Instituto de Salud del Estado de Chiapas (ISECH) abrió una cuenta para el manejo de los recursos del Seguro Popular y sus rendimientos financieros, pero en dicha cuenta recibió más recursos de otros fondos y programas. Además, se utilizó una cuenta bancaria puente como administradora, una cuenta para gastos de operación y siete cuentas para el pago de servicios personales, en las cuales se identificó una mezcla de recursos de diversas fuentes de financiamiento.

La ASF detectó que el gobierno local transfirió 531.2 millones de pesos a otras cuentas bancarias sin acreditar su reintegro a la cuenta original que administró los recursos.

“En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas”, señaló la ASF.

En cuanto al gasto del FASS, en la auditoría de cumplimiento 2019-A-07000-19-0556-2020, la autoridad fiscalizadora detectó un posible daño a la Hacienda Pública por mil 258 millones 323 mil 457 pesos, debido a que, entre otras irregularidades, no se utilizó una cuenta específica para administrar los recursos del fondo, no se realizaron registros contables de los movimientos de dinero y se hicieron transferencias a 14 cuentas para efectuar pagos de nómina y gastos de operación.

La ASF señaló que, con recursos del FASS, se pagó sueldos a 67 funcionarios que no acreditaron estar adscritos a unidades médicas autorizadas, por un monto de 5.5 millones de pesos. También se pagó a 27 “aviadores” un monto de 5.3 millones de pesos. Además, el ISECH no efectuó el reintegro del ISR retenido de las nóminas pagadas con el FASS por un monto de 583.9 millones de pesos.

Otra irregularidad fue que el gobierno de Escandón pagó 8 millones 97 mil 662 pesos en un contrato para, supuestamente, la adquisición de medicamentos, pero no presentó evidencia de la entrega de los bienes.

La ASF solicitó 19 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de diversos funcionarios por estas anomalías.

En todos los casos, sin embargo, los estados cuentan con un plazo de 30 días hábiles para entregar la documentación que crean conveniente para comprobar el faltante de los recursos. Si no se satisfacen las observaciones, la ASF puede emitir las siguientes acciones correctivas: promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria; y denuncia de hechos.

(Tomado de: msn noticias)

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