Un madruguete y un intento de golpe de estado

De no existir un pacto de complicidad entre Zaldívar y AMLO, todo se arreglaría de manera muy sencilla: que aquél declare públicamente que se retirará del cargo de presidente de la Corte cuando concluya el término de cuatro años para el que fue electo.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- AMLO, en su intento renovador, se topó con la realidad. Hasta aquí llegó. Su acción se estrelló con un muro infranqueable: los jueces de amparo. No tiene para dónde hacerse. Su maniobra, la encaminada a controlar al judicial a través de comprar el sometimiento de su presidente, quedó al descubierto; también su eventual intento de continuar en el poder a través de un artículo transitorio.

Los jueces de amparo, sobre todo los que se dedican a las materias administrativa y de competencia, nunca habían concedido tantas suspensiones. Alguien dirá: la están otorgando sólo por molestar; están dispuestos a otorgarlas aun cuando no se les solicite. AMLO sabe que con estos jueces no va a ir a ninguna parte. El apoyo que tuvo en las urnas en 2018 no le fue suficiente para realizar los cambios radicales que pretendía. Estoy hablando en tiempo pasado. Carece del poder para hacerlo. Estamos ante una administración federal fracasada.

En las elecciones de junio próximo ni el mejor de los escenarios le permitirá llevar adelante sus cambios. Sólo un golpe de estado encaminado a someter a los jueces lo salvará del fracaso. Le urge deshacerse de ellos. Lo intentará sometiendo totalmente al Consejo de la Judicatura Federal. El Congreso de la Unión, con unos cuantos exlegisladores encarcelados, quedó bajo su control.

AMLO, por torpeza, gastó su pólvora en infiernitos. No se puede cambiar todo y, además, intentar llevar a la gubernatura a gente como Félix Salgado Macedonio o Clara Luz Flores Corrales; y, además, hacer un aeropuerto que no va a funcionar, una refinería innecesaria y un tren incosteable.

El madruguete en el Senado

Se produjo un madruguete. Ahora que han pasado algunos días conviene analizarlo. El jueves 15 de abril, en una maniobra digna del PRI en sus mejores tiempos, el Senado de la República aprobó un transitorio. Por virtud de éste, se prorrogaría en dos años el plazo para el que fue electo el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y que, por serlo, también lo es del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura.

Los priistas protestaron. No sé si lo hicieron por el hecho de que los morenistas y sus aliados se apropiaron de sus mañas y chicanadas. Esa es la explicación más viable. No creo que no lo hayan hecho por un auténtico celo democrático que adquirieron en la soledad de su destierro del poder. Otros políticos también protestaron, al parecer por un auténtico ánimo democrático.

La opinión pública, sabiendo cómo se las gasta AMLO, se puso, y con toda razón, sobre aviso. Muchos se preguntaron ¿cuál es la intención de los morenistas? Como no se puede reelegir, ¿AMLO estará pensando, aunque sea, en prorrogar su mandato?

El albazo ya está dado. La premura con que se aprobó el transitorio en el Senado indica que era conocido por los senadores de Morena y, cuando menos, por los líderes de los partidos que son su comparsa o satélites.

Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, como jurista, sabía que:

Es la Constitución Política, y no una ley secundaria, la que establece el plazo de cuatro años como duración de su mandato;

Ese plazo es improrrogable;

Una ley secundaria no puede contradecir lo dispuesto por la Constitución Política, que es de naturaleza suprema;

A las leyes que establecen prohibiciones o limitantes debe darse más una interpretación que las haga efectivas, que una que las desvirtúe; por ello, el legislador y el beneficiario de la violación contenida en el transitorio deben inclinarse por la que prohíbe la prórroga del mandato;

La función de los artículos transitorios es limitada: regular la manera y los términos en que cesará la vigencia de las normas derogadas y la forma en que entrará en vigor la nueva normatividad; no deben ir más allá como, por ejemplo, prorrogar un plazo;

En la práctica, los legisladores mexicanos han distorsionado la función de los preceptos transitorios: ello es algo frecuente. No por serlo deja de ser reprobable. El presente es un caso en que el legislador, por estar sumiso al presidente de la República, en supuestos tiempos de cambio derivados de la 4T, sigue incurriendo en los mismos vicios en que cayeron los gobiernos revolucionarios o conservadores, los que derivaron de la relación adulterina que se dio entre el PRI y el PAN; ella, en el mejor de los casos, si no fue adulterina, fue contra natura, lo que es menos grave;

El Congreso de la Unión, en funciones de legislador ordinario, no puede aprobar normas, ordinarias o transitorias, que contradigan la Constitución Política; y

Dada su importancia, difícilmente se puede admitir que el transitorio se presentó al Senado sin que fuera conocido y aceptado por el presidente Arturo Zaldívar. Claro que conoció la iniciativa, la aceptó, a pesar de sus vicios, y esperó sacar provecho de ella. Su ausencia temporal es la mejor prueba.

De no existir un pacto de complicidad entre Zaldívar y AMLO, todo se arreglaría de manera muy sencilla: que aquél declare públicamente que se retirará del cargo de presidente de la Corte cuando concluya el término de cuatro años para el que fue electo.

No es admisible que el presidente de la Corte funde sus esperanzas en que la reforma no sea impugnada, partiendo del supuesto de que no habrá juez de distrito que se atreva a admitir una demanda u ose conceder una suspensión en contra del artículo transitorio.

Tampoco es admisible que parta del supuesto de que, para promover una demanda de amparo, se requiere interés jurídico o legítimo y que, en el caso, sólo lo tendrían los ministros que, por no haber sido presidentes de la Corte o por no estar próximos a retirarse, pueden aspirar a ocupar el cargo.

Para el caso de que alguien promueva una acción de inconstitucionalidad, dada la actual integración de la Corte, nunca se alcanzarían los ocho votos que son necesarios para aprobar una declaración de inconstitucionalidad del artículo transitorio.

Si no hubo un acuerdo o contubernio en lo “oscurito”, el problema ahí quedaría y todos a su casa. Si hubo algo más de por medio, por ejemplo: un pacto de complicidad y ese algo impide dar marcha atrás al presidente de la Corte, entonces estamos ante algo muy censurable y peligroso.

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