¿Qué se vaya Rocha?
Víctor Fonseca Jacques
“El pueblo pone y el pueblo quita” repetía como máxima Andrés Manuel López Obrador mientras era la figura de mayor relevancia política en las últimas décadas.
Y en la conferencia que a diario ofrece a los medios de comunicación la presidente Claudia Sheimbaun Pardo, lo está dejando muy claro: en el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador del ensangrentado estado de Sinaloa, su remoción no está en sus facultades como mandataria nacional.
Esa no es tarea del gobierno federal, ha dicho la señora presidente, algo que contiene un mensaje que podría ser muy claro, según la óptica de cada quien: si la gente de Sinaloa votó por el cuestionado gobernador Rocha, también tiene la facultad para llevarlo a la separación del cargo, el cual, dicho de paso, no ha sabido llevar con buena mano.
Lógicamente, no es con las enormes (y justificadas) marchas de protesta como se le va a dar certeza legal a la petición de despido del ineficaz gobernante. Actualmente, hay recursos legales para incluso revocar el mandato al mismo Presidente de la República. Pero eso requiere de un sustento firme, que en este caso sería la decisión formalizada de los mismos sinaloenses.
Y si se organizaron para marchar y elevar la voz de protesta, igual pueden empezar a trabajar en la recolecta de firmas suficientes para decirle a Rocha que su administración es insostenible. Y el INE tiene que atender ese pedido de ayuda. Esta no es cuestión de partidos sino de necesidad social y política.
La presidente no se está lavando las manos en este asunto. “El pueblo pone y el pueblo quita”. Antes, los cargos públicos eran a decisión de los gobernantes en turno. El proceso electoral “democrático” era un protocolo manipulado e hipócrita en el que sólo ganaban los candidatos de los partidos en el poder, PRI y PAN. El nuevo sistema está intentando cambiar ese formulismo torcido y pervertido por décadas, algo nada fácil porque todavía hay léperos incrustados en las actuales instancias oficiales.
Y la única forma de hacerlo es permitiendo que sea el mismo ciudadano el que asuma su libre decisión de separar, en este caso, al cuestionado Rocha Moya, muy al margen de presiones ideológicas y partidistas.
