Aunque la pobreza en México se redujo desde 2018, la desigualdad estructural persiste. El 1 por ciento de la población más acaudalada concentra el 35 por ciento de los ingresos totales del país, mientras que el 10 por ciento con mayores carencias apenas percibe el 2 por ciento, reveló un análisis elaborado por Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (Indesig), a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (Enigh) 2024.
De acuerdo con el estudio, los ingresos del 1 por ciento más rico son 442 veces superiores a los del 10 por ciento más pobre. En 2023, los hogares de menores recursos tuvieron un ingreso mensual promedio de 2 mil 168 pesos por persona, mientras que el segmento más privilegiado obtuvo 958 mil 777 pesos mensuales por habitante.
Pese a la diferencia, ambos grupos registraron un incremento similar de 29 por ciento en sus ingresos desde 2018. No obstante, el impacto fue desigual: mientras que los hogares del decil I sumaron alrededor de 16 pesos más al día, los del 1 por ciento más rico aumentaron 7 mil 123 pesos diarios.
La Enigh 2024 también mostró un incremento generalizado en los ingresos de los hogares mexicanos, con una mejora de 18.7 por ciento en promedio entre 2018 y 2024, al pasar de 18 mil 381 pesos a 21 mil 825. Este crecimiento contribuyó a que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza multidimensional, el menor nivel del que se tiene registro estadístico.
Sin embargo, Oxfam México e Indesig advirtieron que “la ligera reducción de la desigualdad y la pobreza no es suficiente para garantizar el pleno acceso a derechos humanos, el desarrollo de proyectos de vida, la movilidad social y la reducción de la brecha entre los más ricos y los más empobrecidos”.
El análisis subrayó que en México el acceso a derechos fundamentales sigue estrechamente condicionado por el nivel de ingreso. Mientras que el 10 por ciento más pobre gastó en 2023 un peso por cada seis que destinó el 10 por ciento más rico, la mayor parte de sus recursos se dirigieron a alimentos y vivienda, dejando en segundo plano salud y educación.
“Los avances como el aumento del salario mínimo han beneficiado a los hogares más empobrecidos, pero millones de personas continúan enfrentando barreras económicas para ejercer derechos fundamentales”, puntualizó el informe.