La Justicia de Venezuela ordena detener al líder opositor Edmundo González
Un tribunal de Venezuela especializado en delitos relacionados con terrorismo ha emitido, menos de una hora después de que lo solicitara la Fiscalía, una orden de aprehensión contra el opositor Edmundo González Urrutia, que fue candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática en las elecciones del 28 de julio.
El Ministerio Público ha difundido en Instagram la orden, en la que se especifica que una vez realizada la aprehensión “deberán ponerlo (a González Urrutia) inmediatamente a disposición” del ente fiscal, que, a su vez, “deberá presentarlo ante (el tribunal) dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión”.
Esto, prosigue el escrito, con el fin de celebrar una “audiencia oral en presencia de las partes y resolver lo conducente”, toda vez que el excandidato está señalado por el Estado venezolano por, presuntamente, haber cometido los delitos “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.
La investigación guarda relación con la publicación de una página web, en la que la principal coalición opositora —la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)— asegura haber cargado “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa para reforzar su alegato, según el cual González Urrutia ganó los comicios por amplio margen.
Las reacciones no han tardado el llegar. Aunque sin referirse directamente a la orden de captura, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha dicho que González Urrutia “pretende estar por encima de las leyes”. “Él pretende estar por encima de las leyes (…) este señor cobarde González Urrutia se da el tupé de que decir no reconoce leyes, que no reconoce nada, eso es inadmisible”, ha dicho el mandatario durante su programa semanal de televisión.
Por su parte, el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela Henrique Capriles por partido Primero Justicia ha tachado el proceso por el que se dicta la orden de “viciado (…) inconstitucional, ilegal”, al considerar que se trata de una “persecución” y “hostigamiento” desde las instituciones. “Continúa la persecución y el hostigamiento desde el poder. Nos sumamos a la indignación y rechazo de la gran mayoría de los venezolanos contra los que pretenden, desde el poder, hacer un traje a la medida de la ilegalidad, torciendo las leyes a conveniencia y su interpretación”, ha escrito el también exgobernador en X.
(eitb.eus)
