“Faltan Peña, Osorio Chong, Iñaki Blanco”, dice normalista de Ayotzinapa
Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la investigación todavía tiene una deuda con funcionarios de alto nivel que intervinieron en la respuesta del Estado, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto; Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, e Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, sostuvo Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de la llamada noche de Iguala y actual Diputado federal de Morena.
En entrevista con Álvaro Delgado en el programa de “Los Periodistas”, el Legislador recordó que la Fiscalía General del Estado de Guerrero tuvo una responsabilidad directa en las primeras investigaciones, antes de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso. En esos primeros días, acusó, las autoridades estatales contribuyeron a construir una narrativa que buscaba responsabilizar a los propios estudiantes.
“La Fiscalía del estado tiene total responsabilidad. Recordemos que fueron los primeros que se hicieron cargo de la investigación y después fue la PGR, a nivel federal, la que atrajo el caso, pero en esos primeros días ellos estaban al mando de la investigación y desde el principio trataron de criminalizarnos”, sostuvo.
Como ejemplo, relató una reunión realizada el 29 de septiembre de 2014, tres días después de la desaparición de los estudiantes, cuando el entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero y su equipo convocaron en Chilpancingo a familiares de los normalistas desaparecidos, particularmente a padres de estudiantes originarios de Tixtla.
“A nosotros nos lo contaron después: pretendieron echarle la culpa al comité estudiantil. Eso lo trató de hacer Aguirre esos primeros días”, señaló.
A partir de entonces, agregó, comenzó a tomar fuerza una narrativa que pretendía presentar a los normalistas como integrantes de grupos criminales y justificar así la agresión de la que fueron víctimas.
“Recuerda que a mí me acusaron de que era parte de los rojos, que porque éramos de los rojos los Guerreros Unidos habían respondido a la agresión, que no sabían que éramos estudiantes. Todas estas cosas que se desataron provinieron de la narrativa que empezó ahí, en parte por la Fiscalía del Estado con Iñaki Blanco y el Gobierno del estado de Ángel Aguirre”, afirmó.
Para Vázquez Arellano, la llegada de la PGR al frente de Jesús Murillo Karam no significó un cambio sustancial en esa estrategia. Por el contrario, consideró que la investigación federal terminó profundizando la criminalización de los estudiantes y reduciendo el caso a un conflicto entre grupos del crimen organizado.
“Nosotros pensábamos que al atraer el caso la PGR, en aquel tiempo al frente Murillo Karam, las cosas iban a ser distintas; sin embargo, lo que resultó fue recrudecer la narrativa en nuestra contra, tratar de disminuirlo todo a que se trataba de un tema entre grupos del crimen organizado”, dijo.
Según el sobreviviente, esa estrategia permitió concentrar la responsabilidad en el entonces Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y reducir la participación de otras autoridades.
“Querían localizarlo, es decir, que solamente el Gobierno municipal de Iguala sería responsable de los acontecimientos, para quitarle responsabilidad al Estado, al Gobierno de Guerrero y al Gobierno federal. Querían echarle todo a José Luis Abarca”, agregó.
El Diputado sostuvo que el movimiento de Ayotzinapa ha exigido desde los primeros días que se investigue a todos los funcionarios que participaron en el encubrimiento y la construcción de una narrativa para criminalizar a los normalistas.
“Esta era una demanda del movimiento desde los primeros días. Aunque llega un poquito tarde, al final llega. Ojalá el martes lo vinculen a proceso y haya los elementos para que lo puedan procesar por desaparición forzada y entorpecimiento de la justicia”, señaló.
“El Estado mexicano le debe mucho a Ayotzinapa”
Vázquez Arellano consideró que la investigación debe continuar hasta determinar la responsabilidad de todos los funcionarios que participaron, directa o indirectamente, en las decisiones tomadas durante las primeras horas del caso y en las posteriores investigaciones.
En ese sentido, sostuvo que aún existen nombres y responsabilidades pendientes de esclarecer, pues la investigación no puede limitarse a los funcionarios que ya han sido detenidos o procesados.
El legislador morenista también consideró que el caso Ayotzinapa representa una prueba para el actual Gobierno y para las instituciones encargadas de procurar justicia. A su juicio, resolver la desaparición de los 43 estudiantes tendría consecuencias que irían más allá del propio expediente.
“El Estado mexicano le debe mucho al movimiento de Ayotzinapa, incluso la 4T. Si saben resolver el caso Ayotzinapa estoy seguro que podrán resolver otros casos”, afirmó.
El sobreviviente sostuvo que durante décadas el Estado mexicano acumuló una amplia experiencia en materia de impunidad, por lo que ahora debe utilizar esa experiencia para transformar sus instituciones de justicia.
“Lo que más acumuló el Estado en tantas décadas fue una experiencia amplia en impunidad. Creo que es hora de que empiece a formar cuadros en la justicia”, concluyó.
