MC, ¿”tercera vía”? Jalisco destapa su rostro real de represión y abuso

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Movimiento Ciudadano (MC) presume ser una “tercera vía” frente a Morena y los partidos tradicionales, pero la represión contra manifestantes que exigieron agua limpia en Jalisco exhibió, una vez más, su rostro autoritario, se expuso este martes en RADICALES programa de SinEmbargo Al Aire.

Para Álvaro Delgado, Daniela Barragán, Sasi Alejandre y Héctor Alejandro Quintanar, lo ocurrido bajo el Gobierno de Pablo Lemus no es un hecho aislado, sino la expresión de una forma de gobernar que desatiende derechos básicos, criminaliza la protesta y pone en duda la identidad política que el partido ha construido mediante campañas de publicidad y mercadotecnia.

Álvaro Delgado sostuvo que el partido naranja carece de la sustancia política necesaria para presentarse como una alternativa progresista pues sus gobiernos han mostrado una inclinación recurrente por la mano dura.

“La mano dura es sinónimo de incompetencia, no solamente de autoritarismo, que eso es lo más grave y es tremendo, sino también esta incompetencia por no saber negociar cuando gobiernas”, afirmó.

El periodista recordó que Jalisco tiene antecedentes de represión contra las movilizaciones sociales y vinculó lo ocurrido con el episodio de 2004, cuando el entonces Gobernador Francisco Ramírez Acuña reprimió a manifestantes durante una cumbre internacional en Guadalajara. Aquella actuación, señaló, contribuyó a construir la imagen de un gobernante de mano dura que después llevó a la Secretaría de Gobernación durante el Gobierno de Felipe Calderón.

“Es increíble la incapacidad del Estado, porque es una incapacidad el no tener una estructura adecuada y modernizada para garantizar que llegue agua limpia a las casas”, cuestionó Delgado.

Para el periodista, el caso muestra cómo una falla gubernamental en la garantía de un derecho elemental termina convertida en un problema de seguridad y en una respuesta penal contra quienes protestan.

Delgado también cuestionó el discurso del dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien condenó la represión sin asumir, a juicio de los participantes, la responsabilidad política que le corresponde por tratarse de un partido que gobierna Jalisco.

Delgado consideró que esa postura forma parte de la impostura con la que Movimiento Ciudadano intenta distanciarse de las acciones de sus propios gobiernos.

“Es el dirigente nacional del partido político que está en el gobierno de Jalisco que claramente actuó de manera represiva contra ciudadanos. Aquí esto es quererse pasar de listo y es parte de la impostura, de la hipocresía de este partido político, que es un partido mentiroso, yo insisto, desde su nombre”, sostuvo.

Por su parte, Daniela Barragán señaló que la manifestación no surgió de una disputa partidista ni de una demanda ajena a las necesidades cotidianas. Se trató, dijo, de una movilización en la que participaron jóvenes, familias, personas mayores, docentes y ciudadanos que reclamaban un derecho elemental.

Por eso, consideró especialmente grave que la respuesta oficial fuera el uso de chorros de agua para dispersar a quienes protestaban precisamente por la mala calidad del suministro.

“Parecía un plan perfectamente diseñado por parte de Lemus y MC y el Gobierno de Jalisco en donde tú dejas que la crisis del agua llegue a límites inaguantables para entonces en el clamor popular decir: ‘Sí, sí, sí, está muy mal la cosa, pero ya les tengo la solución’. Y que esa solución pase forzosamente por una privatización de facto”, planteó Barragán.

La periodista sostuvo que la movilización masiva desbordó lo que el Gobierno esperaba que fuera un malestar contenido en los hogares. Ante la salida de los ciudadanos a las calles, dijo, la administración estatal recurrió a una respuesta represiva que terminó por exhibir las contradicciones de su discurso político. La crisis, añadió, también debe servir como advertencia para otras entidades donde la contaminación industrial amenaza el acceso al agua.

Barragán advirtió que la defensa de los derechos básicos no puede limitarse a denunciar los problemas una vez que estallan. También llamó a atender las causas del descontento social en ámbitos como la vivienda, la educación, la salud, las pensiones y los derechos laborales, en lugar de descalificar las protestas o atribuirlas automáticamente a intereses partidistas.

En tanto, Sasi Alejandre consideró que Movimiento Ciudadano construyó su identidad política con la intención de ocupar un espacio entre Morena y el PRI y el PAN, atraer a los desencantados de esas fuerzas y presentarse como una opción distinta. Sin embargo, señaló que los hechos de Jalisco exhiben los límites de esa estrategia: cuando el partido gobierna, sus decisiones contradicen la imagen de renovación que promueve.

La analista recordó que MC intentó presentarse como una fuerza ajena a la política tradicional, capaz de atraer a sectores que no se identificaban con los partidos existentes. No obstante, sostuvo que la actuación del Gobierno de Lemus debilita esa narrativa, sobre todo cuando la inconformidad social surge por un derecho material tan básico como el agua y la respuesta institucional es la represión.

“Hoy día, pues eso es lo que evidencia que en pleno momento electoral tienen guisos como estos que lo que te dice es que no es ese partido de la tercera vía”, afirmó Alejandre. A su juicio, la crisis también muestra las grietas de una construcción política que pretende mantener la apariencia de una opción distinta sin hacerse cargo de las acciones de sus gobernantes.

La periodista cuestionó además que, ante problemas como la contaminación del agua, se recurra a la idea de que la única salida es la intervención privada. Alertó que esa lógica puede repetirse en otros servicios públicos si no se atienden las fallas estructurales y se permite que las crisis se prolonguen hasta que la privatización aparezca como la única alternativa posible.

Alejandre vinculó el caso de Jalisco con movilizaciones en otros países por derechos fundamentales, como la educación pública en Francia y la vivienda en España. En los tres casos, sostuvo, las protestas revelan el descontento de sectores que ven amenazadas condiciones de vida que consideraban garantizadas.

“Entonces, que sirvan esos dos ejemplos para decir, pues no son las movilizaciones, son los gobiernos que primero desatienden y después responden de muy mala manera a las movilizaciones que ya grandes movilizaciones que hay en las calles”, sostuvo.

Finalmente, Héctor Alejandro Quintanar remarcó que el acceso al agua no es una concesión de las autoridades ni un servicio cuya importancia se agote en el pago de recibos, sino un derecho humano reconocido en la Constitución. Por ello, consideró que la represión contra los manifestantes y el trato que recibieron las personas detenidas constituyen hechos de especial gravedad.

“Manifestarse es un derecho. Reprimir es un delito. Punto número dos. El artículo cuarto, fracción sexta, de la Constitución General de la República garantiza el derecho humano al agua. Y textualmente dice: ‘Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible’. Es decir, estamos no solamente ante un servicio que prestan autoridades, en este caso los sistemas de agua potable y alcantarillado que hay en todo el país. No es solamente que se pague por un servicio, es un derecho humano consagrado en la Constitución”, afirmó Quintanar.

El analista rechazó que Movimiento Ciudadano pueda presentarse como una fuerza progresista o como una alternativa entre la izquierda y la derecha mientras, en los hechos, sus gobiernos recurren a la represión. También señaló que la trayectoria del partido y sus vínculos con figuras provenientes de otras fuerzas políticas contradicen su imagen de renovación.

“El Partido Movimiento Ciudadano es un partido mentiroso desde su nombre. Ni es movimiento y menos es ciudadano. Es un vil partido político dirigido por un cacique, represor, alumno de un asesino de Fernando Gutiérrez Barrios. El que lo dejó como gobernador de Veracruz cuando Gutiérrez Barrios, este criminal, vino como secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari”, sostuvo Quintanar.