Más impuestos a los ricos
Una herencia maldita de los gobiernos neoliberales fue el rechazo popular a las reformas fiscales. Los priistas, quienes saquearon las rentas petroleras, usaban los incrementos de impuestos para remediar las crisis financieras hechas en casa. Los panistas buscaron recaudar más entre los más pobres bajo el argumento de que la carga tributaria descansa en unos cuantos—los más ricos—y usaron los regresivos impuestos al consumo, como el IVA, para eliminar otros muy progresivos, como la tenencia.
Unos y otros protegieron a los más ricos, quienes gozan aún de bajas tasas máximas al ingreso, riquezas intocables y múltiples avenidas de evasión. Morena ha mejorado con cautela política la progresividad del sistema tributario, aunque es hora de que meta segunda. En un país con baja recaudación tributaria y altos niveles de desigualdad, fiscalizar más a los más pudientes es aconsejable por una manita de razones (cinco).
Un primer argumento para aumentar más la recaudación entre quienes más tienen nace de la filosofía. Ninguna gran fortuna se construye en aislado. Archimillonarios como Carlos Slim utilizan infraestructura pública como calles y carreteras, usan el talento y el conocimiento generado en las universidades y exprimen el sistema legal que protege sus contratos.
Magnates como Ricardo Salinas Pliego construyeron fortunas actuales o heredadas mediante licencias, concesiones y subsidios del Estado. Por justicia redistributiva, quienes más beneficio sacan del engranaje institucional de una nación tienen la obligación moral correlativa de aportar proporcionalmente más para sostener y mejorar al sistema que los encumbró.
Un segundo motivo es de índole macroeconómica. Desde una óptica economicista, redistribuir recursos hacia los sectores desaventajados estimula la economía. Cuando los ricos cubren sus necesidades materiales y recreativas, dejan de gastar para ahorrar. Para preservar su capital, sobreinvierten en instrumentos de retornos conservadores, como bienes raíces y bonos gubernamentales. Además, sin mayor traba sacan su riqueza del país.
De acuerdo con el Atlas del Mundo Offshore, la riqueza de los mexicanos en el extranjero equivale a un nueve por ciento del PIB. En contraste, los hogares de ingresos bajos y medios gastan una proporción mucho mayor de cada peso adicional que reciben en bienes y servicios que sostienen las ventas empresariales. Gravar la riqueza concentrada para ampliar programas sociales y mejorar servicios públicos da liquidez directa a la economía real—la no financiera—sin sacrificar el consumo de los hogares pudientes.
Una tercera causa apela a la cohesión social. El aforismo “por el bien de todos primero los pobres” dice entre líneas que la desigualdad extrema es un factor de riesgo sistémico para cualquier democracia. Su uso y aceptación es un avance, aunque falta que alcance mayor dimensión tributaria. Si los ricos no contribuyen más, en función de su capacidad, el Estado desatiende el gasto en seguridad, incluyendo la dignificación de salarios de policías y miembros de las fuerzas armadas, que en otros países nutren las clases medias.
Cuando la brecha entre ricos y pobres es abismal, la polarización y el crimen atentan contra una vida parsimoniosa. En una sociedad más igualitaria, los ricos tendrían menos bardas y cámaras en sus casas y transitarían sin autos blindados. Con más oportunidades de empleo digno, los jóvenes taparían sus oídos ante el canto de las sirenas del narcotráfico.
Una cuarta razón es la eficiencia tributaria. Concentrar las acciones de fiscalización en las capas de mayores ingresos permite recaudar más con menores costos administrativos por cada unidad monetaria recaudada. Colmar los vacíos legales que permiten la elusión de las corporaciones y las grandes fortunas dota al sistema tributario de una legitimidad que incentiva el cumplimiento voluntario del resto de la población.
Cuando México aumentó el IVA bajo argumentos técnicos, acentuó la regresividad y abrió la puerta a la proliferación de factureras; cuando subió el IEPS a gasolinas, promovió el huachicol fiscal. Muchos efectos indeseados serían evitables con más impuestos a la riqueza y al ingreso laboral de los más ricos.
La economía política provee un quinto y último motivante para gravar más a los ricos. Es verdad que subir impuestos desata cabildeos, movilización y hasta repudio popular cuando falla la pericia de los promotores. Aunque también es cierto que las encuestas muestran que la popularidad de los cambios tributarios aumenta cuando protege a los más pobres o cuando promete beneficios tangibles financiados por recaudación nueva.
Si mañana se prometiera aumentar las tasas de los prediales de las viviendas con valor superior a los tres o cuatro millones de pesos para financiar un ambicioso programa de vivienda social, la opinión pública respaldaría la medida. Concentrar el parque en quienes ostentan los escudos más grandes da legitimidad a cualquier reforma fiscal.
Esta manita de principios podría ser norte para los guardianes de la justicia social. Desestimar al sistema tributario es renunciar a un arma letal contra las desigualdades. Mantener el freno de mano sobre los impuestos es también riesgoso para la sostenibilidad de la obra pública, la deuda y los programas sociales.
Si la protección de los más pobres y la medianía es la causa genuina de cautela, subir los impuestos a los ricos mediante tasas máximas más elevadas y progresivas—no proporcionales—es el mejor escudo para futuros inciertos. El capital político se construye para ser consumido en algún punto, no para el ahorro infinito. No hace falta esperar un terremoto para reforzar los pilares que sostienen el segundo piso de transformación.
