Frívolos, represores y corruptos, el sello MC
Hartos de recibir agua contaminada, fétida e insalubre, los habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana llevan meses denunciando la pésima calidad del suministro hídrico. La manifestación del 11 de octubre –la de mayor convocatoria hasta la fecha– recibió como respuesta por parte del Gobierno de Pablo Lemus una dura represión: golpes, gases lacrimógenos, chorros de agua y la detención arbitraria de 39 personas.
Esta reacción ante un reclamo ciudadano legítimo evidencia, una vez más, el talante autoritario y la negligencia de los gobiernos emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC), los cuales, ante su flagrante incapacidad para resolver los problemas estructurales que afectan a la población, optan por el uso de la fuerza.
Los rastros de este esquema represivo evocan las viejas tácticas priistas, replicadas por el partido naranja, así ocurrió desde la gestión de Enrique Alfaro, el primer Gobernador de ese partido y antecesor de Lemus. Como parte de su infame legado destaca el caso de Giovanni López, un hombre de 30 años de edad, de oficio albañil, quien fue brutalmente asesinado por la Policía bajo el pretexto de no llevar cubrebocas. Posteriormente, Alfaro mandó reprimir a los manifestantes que salieron a exigir justicia por el crimen, escudándose en una política de “cero tolerancia” respecto a las medidas sanitarias.
Aquel brutal asesinato quedó como el vivo reflejo de su Gobierno: una Administración que llevó a Jalisco a convertirse en la entidad con la mayor incidencia de desapariciones forzadas, crisis forense, y negligente para garantizar los derechos de los ciudadanos, tal como ocurre ahora con el Gobierno de Lemus, rebasado e incapaz de solucionar la crisis del agua en esa entidad.
La labor fundamental de cualquier Gobierno es trabajar para solventar las necesidades de la ciudadanía y garantizar sus derechos. Si una Administración es incapaz de cumplir con este mandato básico, simplemente es inútil.
Nuestra Constitución establece como derecho el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Mandata que el Estado tiene la obligación de garantizarlo, a través de leyes que definen las modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, coordinando la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía.
En el ámbito local, la Constitución de Jalisco respalda este mandato en su Artículo 15, señalando que las autoridades estatales y municipales deben velar por la utilización sustentable y la preservación de los elementos naturales, con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente, así como fincar responsabilidades a quienes provoquen daños ambientales.
Asimismo, reitera el derecho de toda persona a un suministro de agua digno. Sin embargo, este derecho no se está garantizando en la entidad; el Gobierno estatal incumple flagrantemente sus obligaciones y, además, con su violenta y represiva respuesta, vulnera otros derechos de la ciudadanía.
Durante el sexenio de Alfaro (2018-2024), la Federación transfirió recursos millonarios a Jalisco para contribuir a solucionar la problemática del agua, pero el Gobierno estatal no hizo lo que le correspondía, dejando a la entidad sumida en una crisis hídrica cada vez más grave.
En Jalisco la problemática del agua se ha intensificado debido a múltiples omisiones y actos de corrupción, tales como la autorización irregular de desarrollos habitacionales, descargas clandestinas que contaminan los acuíferos y la proliferación de vertederos de residuos sólidos que carecen de tratamientos para mitigar el impacto del suelo. A esto se suma la inoperancia o insuficientes plantas de tratamiento de aguas residuales, el deterioro de la infraestructura de alcantarillado, las inundaciones recurrentes, la insuficiente inspección a sectores con deficiente manejo de desechos; también el monitoreo inoperante de la calidad del líquido; además del negligente actuar de las autoridades.
Las consecuencias de esa negligencia van más allá de la escasez: el suministro de agua contaminada ha provocado graves enfermedades crónico-degenerativas en diversas comunidades urbanas y rurales, causando una alta incidencia de problemas renales entre la población.
Esta problemática ha sido ampliamente documentada en investigaciones de organizaciones medioambientales y en informes especiales emitidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en los que detalla la crisis histórica a la que los gobiernos estatal y municipales han sido omisos.
Una prueba contundente de este colapso es el flujo constante de quejas y denuncias contra los organismos cuya obligación es planear, gestionar y supervisar los servicios hídricos, específicamente, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Contra esos organismos los ciudadanos han acudido reiteradamente a presentar quejas ante la CEDHJ. En respuesta, durante años la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido Recomendaciones, pronunciamientos e informes especiales que comprueban la violación sistemática al derecho humano al agua y al saneamiento, pero son señalamientos y exhortos que las autoridades han ignorado.
Lejos de solucionarse, la problemática se recrudece. El SIAPA se volvió una de las dependencias más denunciadas ante la Comisión por violaciones a los derechos humanos. Tan sólo de enero a septiembre de este año, la CEDHJ recibió 727 quejas contra ese organismo, la mayoría por la negativa o la pésima prestación de servicios en materia de agua.
El agravamiento de la situación quedó evidenciado desde septiembre, cuando el 33 por ciento de todas las quejas ciudadanas recibidas por la Comisión –por violaciones a los Derechos Humanos– correspondieron a fallas y omisiones del SIAPA, según los datos que consulté en los informes de la CEDHJ.
Ese es el contexto en el cual el hartazgo por la falta de soluciones y la indiferencia del Gobierno de Lemus llevaron a la ciudadanía a las calles en una manifestación histórica. Miles de jaliscienses expresaron su rechazo al suministro de agua pestilente que reciben en sus hogares desde hace meses, un servicio deficiente que el SIAPA les cobra puntualmente; la violenta respuesta del Gobernador fue la represión.
Conversé con vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas, del municipio de Guadalajara –quienes participan activamente en las movilizaciones–, relatan el calvario de denunciar la problemática de instancia tras instancia gubernamental sin que se les dé una resolución. “Ya sólo nos falta denunciar ante la iglesia”, comentó con ironía uno de los colonos al compartir su testimonio.
Me dicen que el agua pestilente comenzó a brotar de sus llaves desde el año pasado. Al principio era intermitente, pero la situación se recrudeció críticamente a partir de mayo. Las consecuencias en la salud pública son alarmantes: “Nunca había visitado tantas veces el hospital como ha ocurrido estos meses”, relata consternado otro vecino, quien detalla cómo él y su esposa han padecido infecciones recurrentes a causa del agua contaminada.
A pesar de que acudieron instancia tras instancia para presentar quejas formales, lo único que encontraron fue una barrera de indiferencia por parte de las autoridades, lo que les llevó a manifestaciones públicas desde el mes de junio, se fueron sumando más y más afectados, congregando el mayor número en la manifestación del domingo.
“Lo que más indigna es la indiferencia de las autoridades. Hemos hecho muchas manifestaciones, ¿y sabe cuántas veces he visto a la Alcaldesa, a algún Diputado o al Gobernador pararse y decir: ‘Estoy aquí, los escucho?’. Ninguna. Es una prepotencia absoluta, actúan como si se sintieran tocados por Dios, pero olvidan que son servidores públicos. Tienen que hacer su trabajo; la gente tenemos derechos y nuestras peticiones son legítimas. Ni siquiera la gente por la que votamos tiene la decencia de pararse a escucharnos”, agrega.
Al preguntarles qué camino tomarán ahora, luego de que en la última movilización hubo represión, detenciones arbitrarias, chorros de agua a presión… su respuesta es firme:
“Nos seguiremos manifestando porque no vemos otra manera. No encontramos una solución a corto plazo; nos preocupa e indigna la indiferencia gubernamental y esta total apatía hacia el ciudadano. Desde la manifestación que hicimos en julio afuera de Casa Jalisco, donde nos reunimos 400 personas, solicitamos formalmente en nuestro pliego petitorio una mesa de trabajo para vigilar de manera permanente la calidad del agua, así como la gestión del SIAPA. Desgraciadamente, el organismo parece la caja chica del Gobierno, donde se ha designado a directivos sin preparación, simplemente por ser amigos del Gobernador”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cada persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para cubrir sus necesidades básicas de consumo e higiene, y evitar problemas de salud. La OMS enfatiza que el agua debe ser segura, estar libre de contaminantes y ser garantizada por los gobiernos como un derecho fundamental, no como una mercancía económica. En contraste, lo que proyecta el Gobierno “fosfo fosfo” apunta hacia la privatización del servicio, una intención que pretenden ocultar detrás de eufemismos.
La violenta respuesta del Gobierno de Lemus ante los reclamos ciudadanos no es un caso aislado. Se trata de un modelo represivo que ya había puesto en práctica Enrique Alfaro.
Tras una ola de indignación pública por la violencia de su Gobierno contra manifestantes, el martes Lemus publicó un video en sus redes sociales en que reconoció el uso excesivo de la fuerza y las detenciones injustas por parte de su Policía, prometiendo que estos actos no se repetirían. El mensaje de Lemus parece el mismo guion que usara Alfaro para aparentemente “disculparse” tras ordenar la represión de quienes protestaban por el asesinato de Giovanni López, comprometiéndose entonces a realizar reformas estructurales para evitar la repetición, según él, de los abusos.
Hoy su amigo y correligionario de partido repite la misma acción de represión y luego prometer que no se repetirá. El mismo patrón y discurso de gobiernos represivos.
Tanto Alfaro como Lemus en Jalisco, y Samuel García en Nuevo León, llegaron al poder abanderados por el partido que el expriista Dante Delgado fundó en 1999 bajo el nombre de Convergencia por la Democracia, que en 2002 acortó su nombre a Convergencia, y en el año 2011 se le cambió a Movimiento Ciudadano.
Con el nombre de Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado usa la idea de que su base ideológica es la participación democrática. Sin embargo, en la práctica, los gobernadores que han alcanzado el cargo bajo su bandera han demostrado lo contrario: un profundo desdén por la ciudadanía. La estrategia de ese partido se reduce al marketing digital, viralizando en redes sociales videos, canciones pegajosas y frases huecas que carecen de verdadera sustancia política.
Su popularidad se basa en la mercadotecnia, y en postular a influencers y perfiles de la élite; juniors desconectados de la realidad que viven en una burbuja de privilegio y frivolidad, resultando incapaces de resolver las problemáticas estructurales que afectan a la población.
Otra clara muestra de esa desconexión es el influencer Samuel García, quien, de cara al Mundial de Futbol, ordenó tapiar y ocultar visualmente las zonas de alta marginación y pobreza en su estado, un acto profundamente clasista y discriminatorio, que también fue denunciando ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León.
(SinEmbargo)
