Lo que está en juego en Chihuahua
20 de mayo de 2026 00:05Si el debate sobre lo que sucede en Chihuahua se centra en si fue un éxito o un fracaso la Marcha por la Seguridad y Soberanía convocada por Morena el sábado 16, se yerra el tiro. Aunque la manifestación es la más concurrida que del partido en la entidad, los organizadores hubieran deseado que asistiera más gente y el gobierno del Prian, que asistiera menos.
Más allá de la marcha, hay un hecho innegable: en diversos sectores sociales hay indignación por la violación de la soberanía nacional perpetrada por el gobierno del estado, al aceptar la participación de agentes de la CIA en diversos operativos sin los requisitos que la ley señala y dando acceso al espacio y a los datos de la Torre Centinela a las agencias estadunidenses DEA, FBI e ICE. Desde el lunes 4 de mayo se dio una primera manifestación, no organizada por Morena, y a partir de entonces se empezó a conformar el Frente por la Defensa de la Soberanía en varios municipios de la entidad. Luego vinieron la marcha y el mitin del fin de semana.
La demanda fundamental de estos sectores es que la violación a la soberanía perpetrada por el gobierno de María Eugenia Campos no quede impune y que se castigue conforme marca la ley, independientemente del número de personas que tomen las calles o de los cientos de miles de firmas que se recaben para demandar el juicio político a la titular del ejecutivo estatal.
No sólo se ha violado la soberanía: el gobierno del estado, pensando que, restándole fuerza a la marcha minimizaría su confabulación con la CIA, desde el 15 de mayo ejecutó diversas acciones contra las garantías individuales: montó bloqueos en varios puntos carreteros, incluso con funcionarios públicos, para impedir la llegada a la marcha; suspendió el servicio de transporte urbano en la capital; abrió zanjas en el recorrido de la manifestación. En los bloqueos carreteros se exigía a la gente que se identificara y se le señalaba que si venía del sur del país no tenía derecho a manifestarse contra la gobernadora. Incluso se lesionó al periodista Israel Beltran Silva por demandar el libre tránsito.
El operativo gubernamental fue acompañado por una profusa campaña propagandística resaltando el combate a las drogas de la gobernadora, denunciando a los “narcogobiernos de Morena”, descalificando las acusaciones de traición a la patria y resaltando, con ribetes racistas y clasistas, el carácter “luchador, trabajador y libre de los chihuahuenses” frente al centralismo y los “sureños”. El gobierno del estado derrochó en portales digitales, pendones, espectaculares, además de los mil 600 millones de pesos que ha gastado en cooptar medios informativos y pagar granjas de bots para insultar a quienes osen criticar a su gobernadora.
Terminar con esta impunidad es impostergable, porque en Chihuahua hay un indudable proyecto intervencionista, más allá del problema del narco: se quiere sembrar la semilla de la desestabilización y gestar un poder paralelo a la 4T. Ese proyecto va más allá de Trump y las elecciones de 2027. Es la punta de lanza para el control de las cadenas de suministro, el acceso a los recursos naturales, al monopolio del comercio de drogas y la construcción de una alternativa política maleable para los intereses corporativos trasnacionales en un estado clave de la frontera.
Por esto deben tener presente el gobierno de la 4T y Morena que no basta con ganar las elecciones de 2027 si no se responde a profundas demandas y agravios de diversos sectores de la región. En primer lugar, las de los pueblos originarios, como lo expuso la indígena rarámuri Patricia Castillo al abrir el mitin: “Para el pueblo rarámuri, para las comunidades originarias, perder el territorio por la violencia y la omisión del Estado, es robarnos nuestra historia, es enfermar de tristeza, lejos de nuestros pinos… de nuestra raíz. El gobierno de Maru Campos ha sido incapaz de frenar la destrucción del bosque talado y ha dejado solos a los defensores de la sierra, cuya vida se apaga ante la indiferencia de las autoridades”.
Habría que añadir la insuficiencia de los servicios de salud en la Sierra, los desplazamientos forzados en varios municipios, el despojo de los territorios, la imposición de proyectos mineros y turísticos, el extactivismo de la naturaleza.
La 4T y Morena deben estar conscientes que se debe atender a las y los agricultores chihuahuenses: aplicar con criterios regionales programas como Producción, Fertilizantes para el Bienestar y Sembrando Vida; ordenar los mercados del frijol y el maíz; atender los problemas del agua y la energía en agricultura; reactivar el crédito al campo. Hay un cansancio por la homogenización a rajatabla de las políticas públicas federales y la inopia de recursos en las instituciones como el IMSS, por gobernantes corruptos de todos los partidos, por la inseguridad pública que no disminuye.
Lo que está en juego en Chihuahua va más allá de ganar las elecciones de 2027. Es acabar con la corrupción; atender las justas demandas de la población en toda su diversidad. Demostrar que el famoso segundo piso de la 4T es abrirse y atender las especificidades regionales. La soberanía del todo se construye desde las partes.
(La Jornada)
