Las culpas de MC por el agua podrida de Guadalajara
- “La agudización del agua sucia y contaminada se profundizó en la última década, en la cual, gran parte de responsabilidad corresponde a MC”.
A punto de ahogarse en las inmundicias del agua contaminada, insalubre y pestilente que reciben millones de habitantes en la zona conurbada tapatía, el Gobernador emecista de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, pretende eludir sus culpas y las del partido que lo llevó al poder y de cuya militancia reniega reiteradamente, sin asumir que la responsabilidad de operar el Sistema Intermuncipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA), con todas sus calamidades, errores y deficiencias, has estado en manos de las administraciones naranjas de Enrique Alfaro Ramírez, de 2018 a 2024 y de su gobierno desde el 6 de diciembre del 2024.
Lemus Navarro no puede eludir su responsabilidad, pues en tanto que Enrique Alfaro fue Alcalde de Guadalajara del 2015 al 2018 y él desempeñó el mismo cargo por dos periodos en Zapopan, del 2015 al 2021, más tres años de gestión como Alcalde de Guadalajara, del 2021 al 2024, en todo ese periodo, no hubo de su parte, ni de Alfaro Ramírez, algún enérgico reclamo, observación o iniciativa, para corregir o mejorar la operación y frenar el deterioro del SIAPA, pese a que ambos, como alcaldes, tenían presencia e influencia en el Consejo de Administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable, del cual, Guadalajara y Zapopan son sus principales socios y usuarios.
El desdén de los políticos por atender el problema del abasto del agua para la zona metropolitana de Guadalajara, su potabilización, que tendría que incluir también el saneamiento del envenenado Río Santiago, es un hábito viejo, reiterado y pernicioso, que con el paso de los años ha profundizado el malestar de la gente por la ligereza e irresponsabilidad con las que han sido abordados estos asuntos.
La mayoría de las iniciativas, elaboradas con base en ocurrencias y pensadas más para el negocio de políticos y empresarios que en beneficio de la sociedad, le han costado a los jaliscienses miles de millones de pesos en los más recientes 35 años, sin resolver de fondo los problemas.
Uno de los últimos capítulos en esta truculenta trama del agua se escrituró el pasado lunes 29 de junio del 2026 cuando el Jefe de gabinete del gobierno emecista de Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez, anunció en redes sociales un plan estratégico que dijo, contemplaba 32 acciones específicas en el corto, mediano y largo plazo para atender de manera integral la situación: desde la calidad, el abastecimiento, la distribución y el saneamiento, hasta la mitigación de inundaciones y la atención a socavones. En una primera etapa el plan tendría una inversión de cinco mil millones de pesos, pero se calculaba que el costo total sería de más de 25 mil millones de pesos.
Frente a la grave crisis del agua contaminada, insalubre y pestilente que reciben millones de personas en la zona metropolitana de Guadalajara, el gobierno estatal entregó el pasado martes 14 de julio del 2026 al Congreso de Jalisco un documento de 421 páginas que denominó “Bases Técnicas para la Priorización de las Intervenciones Estratégicas para la Seguridad Hídrica del Area Metropolitana de Guadalajara” y el Gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro anunció que llevarán pipas con agua potable para atender a por lo menos 600 colonias afectadas y se les darán vales para garrafones de agua purificada a las personas.
“El Gobierno de Jalisco entregó al Congreso del Estado un documento de 421 páginas. Lo llaman ‘Bases Técnicas para la Priorización de las Intervenciones Estratégicas para la Seguridad Hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara’. Un título que, por sí solo, ya es una obra de ficción; hablamos de una obra maestra del ilusionismo institucional”, advierte Sergio E. Gómez Partida, consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado, en un análisis publicado en la plataforma digital Siker.
Critica Gómez Partida que el pasado 2 de julio del 2026, “el Gobernador Pablo Lemus anunció 32 obras y acciones con cinco mil millones de pesos (mdp) de ejecución inmediata. La instrucción, según sus propias palabras, fue que ‘arrancáramos las obras de inmediato’. El 14 de julio [del 2026] llegó al Congreso el documento que, según su propio texto, no determina de manera anticipada las soluciones específicas.
En la página ocho del documento entregado por el gobierno de Jalisco al congreso estatal, el pasado martes 14 de julio del 2026, denominado “Bases Técnicas” se reconoce: “Estas Bases Técnicas no constituyen los instrumentos de planeación estratégica, ni determinan de manera anticipada las soluciones específicas que deberán adoptarse. Tampoco representan, por sí mismas, decisiones de programación, financiamiento, autorización o ejecución. Estas determinaciones corresponderán a etapas posteriores de planeación, en las que deberán evaluarse las distintas alternativas conforme a su factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental, social, jurídica e institucional”.
Agrega el cuadernillo de “Bases Técnicas” en su página 11: “El presente documento constituye el fundamento técnico para la formulación de un plan de acción que contribuya a la atención de la problemática identificada. Su función consiste en integrar la evidencia disponible, identificar las restricciones estructurales del sistema, determinar las capacidades que requieren fortalecerse y establecer criterios para la posterior evaluación y priorización de alternativas. Por su naturaleza, estas Bases Técnicas no implican, por sí mismas, la autorización, programación, financiamiento o ejecución de acciones específicas. Estas determinaciones corresponderán a las etapas posteriores de planeación y deberán sustentarse en los estudios y procedimientos aplicables”.
Pese a estas previsiones que no determinan nada, según palabras del propio gobierno de Jalisco, en los anexos del cuadernillo de 421 páginas entregado al Congreso de Jalisco, se agregó el Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el Área Metropolitana de Guadalajara, en el que se desglosan las 32 acciones anunciadas por la actual administración estatal desde el pasado 29 de junio del 2026 para resolver el problema de la mala calidad del agua.
Aunque se mencionó que este plan requeriría de una inversión de 25 mil millones de pesos, en el documento entregado al Congreso de Jalisco el pasado martes 14 de julio del 2026 se especifica que en realidad costaría 42 mil 217 millones de pesos, refiere el periódico El Diario-NTR en su edición del jueves 16 de julio del 2026.
Las conclusiones del consultor Gómez Partida son demoledoras: “El documento de 421 páginas que el Gobierno de Jalisco entregó al Congreso no es un diagnóstico: es una coartada. Tampoco es un plan: es una declaración de buenas intenciones redactada en modo condicional, con el sujeto borrado y las responsabilidades diluidas en el futuro perfecto de lo que ‘deberá’ hacerse, algún día, por alguien que nunca se nombra.
El problema no es que el documento sea malo. El problema es que es exactamente lo que sus autores necesitaban que fuera: lo suficientemente técnico para parecer serio, lo suficientemente vago para no comprometer a nadie, y lo suficientemente extenso para agotar al lector antes de que note que no dice nada”.
Los últimos 35 años
Más de 33 mil millones de pesos tanto federales como estatales se invirtieron en proyectos inconclusos para crear nuevas fuentes de abastecimiento de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La falta de viabilidad técnica, política y social, frenaron al menos siete grandes proyectos durante los últimos 30 años, advierte una nota de la reportera Violenta Meléndez, publicada en el periódico Mural de Guadalajara el 13 de abril del 2021.
Un proyecto que se canceló por inviabilidad técnica y fuerte resistencia social fue la Presa de Arcediano, que proyectaba embalsar el Río Santiago el cual es uno de los más contaminados del país, no sólo de residuos biológicos, sino de contaminantes industriales principalmente provenientes del corredor industrial de El Salto. Para este proyecto se invirtieron 700 millones de pesos durante el gobierno del panista Francisco Javier Ramírez Acuña.
La decisión de construir la Presa de Arcediano fue tomada sin contar con un proyecto ejecutivo, sin la elaboración de presupuestos, sin la evaluación del impacto ambiental y sin estudios de impacto social, refiere la investigadora de la Universidad de Guadalajara Anahí Copitzy Gómez, en un estudio publicado en 2018 en la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública de la Universidad de Guanajuato. El 29 de octubre de 2009, ya durante el gobierno del también panista Emilio González Márquez, la Comisión Nacional del Agua canceló el proyecto de Arcediano. Se argumentó una falla geológica y el aumento en los costos que significaría solventar el problema.
El 13 de noviembre del 2024, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez presentó el informe “Revivamos el Río Santiago 2050”, en el que dio a conocer las acciones que su gobierno había realizado para sanear en un 75 por ciento las contaminadas aguas del Río Santiago. Para ese propósito aseguró que se invirtieron siete mil 333 millones de pesos. En los hechos reales, el Río Santiago sigue enfermo.
El miércoles 11 de febrero del 2026, la responsable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, anunció que la administración federal invertirá durante los próximos cinco años más de siete mil millones de pesos para el saneamiento del Río Santiago. También el actual Gobernador emecista de Jalisco, Lemus Navarro, se comprometió a curar este río enfermo.
Ocurrencias y negocios
“La agenda de políticas públicas y las acciones en materia hídrica de los distintos gobiernos [en los últimos 25 años] han sido implementadas de manera vertical, desde ciertos grupos de poder, sin tomar en cuenta otros actores sociales, así como una serie de impactos socioculturales, económicos y ambientales para las poblaciones y los territorios afectados […] De tal manera que se parte de una agenda que surge desde los gobiernos y desde ciertos grupos de interés económico y político, sin llegar a ser una agenda propiamente de interés público ”, afirma la investigadora Anahí Copitzy Gómez, de la Universidad de Guadalajara, en una investigación publicada en 2018, en la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, de la Universidad de Guanajuato.
La agenda del agua en Jalisco se ha construido a pesar de ciertos actores sociales que en determinados momentos se han opuesto a ella. Sin embargo, ninguna iniciativa de gobierno, en las más recientes tres décadas, ha estado orientada a mejorar la infraestructura de la red de abasto de la zona conurbada tapatía y garantizar la calidad del agua, presumiblemente potable, que se suministra a los más de cinco millones de habitantes que viven en la zona metropolitana de la capital de Jalisco.
El último proyecto que todavía no cumple sus objetivos es el de la Presa El Zapotillo, inaugurada por el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, de movimiento Ciudadano, el 17 de agosto del 2024, con la cual, dijo el mandatario naranja, se garantizaría el abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara por los próximos 50 años. El costo total, desde 2005, año en el que se puso en marcha el proyecto, hasta el 2024, fue de por lo menos 39 mil millones de pesos.
La obra se construyó durante los gobiernos del panista Emilio González Márquez, el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y el emecista Enrique Alfaro Ramírez.
Entre ocurrencias y despilfarros ha transcurrido la historia de los más recientes 35 años de proyectos para garantizar el abasto de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, para proporcionar agua potable a los más de 5 millones de personas que habitan la principal zona conurbada de Jalisco y para sanear las aguas del envenenado Río Santiago.
La agudización de los problemas del agua sucia y contaminada se profundizó en la última década, en la cual, gran parte de la responsabilidad le corresponde a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, de los mandatarios estatales Enrique Alfaro Ramírez y Jesús Pablo Lemus Navarro.
(SinEmbargo)
