Acusación penal contra Taddei, Hernández Casillas, exfuncionarios y empresas

• Las denuncias del INE incluyen probables delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, falsificación de documentos, tráfico de influencias y cohecho al interior del organismo electoral.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este viernes seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios, exfuncionarios y empresas por su probable participación en distintos delitos, entre ellos tráfico de influencias, cohecho y uso ilícito de atribuciones.

De acuerdo con fuentes legislativas, entre las personas involucradas estarían Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del organismo electoral, y el empresario Alfredo Hernández Casillas, vinculado con compañías que obtuvieron contratos millonarios de instituciones públicas.

El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó sobre las acciones mediante un oficio enviado este viernes a las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

En el documento, el funcionario electoral precisó que las denuncias se interpusieron contra personas servidoras y exservidoras públicas, además de personas morales, por hechos que podrían constituir delitos.

“Se presentaron seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República en contra de diversas personas servidoras y exservidoras públicas del Instituto Nacional Electoral, así como de personas morales, por la probable participación en hechos que la ley señala como delitos”, indicó.

OIC investiga posibles faltas administrativas graves

En el mismo escrito, Carvente Contreras detalló que las investigaciones abarcan distintas conductas presuntamente irregulares relacionadas con el ejercicio de funciones públicas y el manejo de atribuciones dentro del organismo electoral. Entre los posibles delitos identificados durante las investigaciones, Carvente Contreras destacó los siguientes:

• Uso ilícito de atribuciones y facultades.
• Uso de documento falso.
• Tráfico de influencias.
• Ejercicio ilícito del servicio público.
• Cohecho.
• Aquellos que la autoridad competente determine.

Las acciones del órgano fiscalizador no se limitan al ámbito penal. De manera paralela, también avanzan procedimientos de responsabilidad administrativa contra nueve involucrados, quienes deberán responder por presuntas irregularidades que, debido a su gravedad, podrían derivar en sanciones determinadas por las instancias correspondientes.

Al respecto, el funcionario explicó que “se emplazó a ocho personas servidoras y ex servidoras públicas, así como a una persona moral, para comparecer a las audiencias iniciales correspondientes, en el marco de procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves”.

Estas comparecencias forman parte de una etapa en la que los señalados podrán ejercer su derecho de defensa antes de que los expedientes sean enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia encargada de resolver los casos de faltas graves y, cuando corresponda, imponer las sanciones previstas en la legislación.

Carvente Contreras puntualizó que dichas actuaciones tienen “el propósito de continuar con la substanciación de dichos procedimientos y, en su oportunidad, remitir los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que, en el ámbito de su competencia, determine lo que a derecho corresponda”.

Asimismo, el titular del OIC no descartó la presentación de nuevas denuncias penales conforme avancen las investigaciones y se identifiquen posibles conductas delictivas que deban ser examinadas por las autoridades correspondientes.

“En caso de que este OIC advierta hechos que pudieran constituir delitos, continuará con la presentación de las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes”, advirtió.

Red empresarial, contratos por más de 2 mil 400 mdp.

Las denuncias se producen después de que el propio titular del OIC del INE revelara, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados el pasado 30 de octubre, la existencia de una presunta red de proveedores electorales que habría concentrado contratos millonarios mediante prácticas de simulación de competencia.

De acuerdo con la información presentada por el funcionario, entre 2014 y 2025, cinco compañías relacionadas entre sí recibieron adjudicaciones por un monto conjunto de 2 mil 461 millones de pesos de distintos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), pese a que aparentemente participaban como competidoras independientes en los procedimientos de contratación.

Entre los nombres relacionados con este entramado empresarial figuran los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes, junto con otras personas, estarían vinculados con las sociedades beneficiadas por los recursos públicos.

El caso también alcanzó a Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció recientemente a la presidencia del INE en medio de señalamientos sobre presuntos vínculos personales con los empresarios y posibles irregularidades en la asignación de contratos. Hasta ahora, no se ha acreditado públicamente su responsabilidad en los hechos investigados.