Una manzana envenenada para PT y Partido Verde
La iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral enviada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso es una manzana envenenada para sus presuntos aliados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que están renuentes a aprobar la disminución del financiamiento a los partidos políticos y la desaparición de los 200 diputados plurinominales, que se pretende sean ahora electos por el voto directo de los ciudadanos.
La propuesta presidencial también agrega disposiciones estrictas para vigilar y sancionar la posibilidad de que dinero sucio, de la delincuencia organizada o de las bandas de narcotraficantes lleguen a las campañas a través de donativos en efectivo o por transferencias bancarias a los precandidatos o candidatos, para lo cual se pretende establecer la vigilancia con todo el aparato de inteligencia financiera del que dispone el gobierno federal.
La iniciativa presidencial se queda corta, y eso podría ser una decepción para muchos, porque no incluye la posibilidad de quitarles el fuero que protege a diputados y senadores que cometen delitos y no pueden ser sometidos a juicio porque gozan de inmunidad constitucional, una exigencia cada vez más generalizada de la sociedad.
Si los presuntos aliados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, se niegan a respaldar la reforma, tendrán que enfrentar el disgusto de la mayoría de la población que los observaría como enemigos del proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta y podría negarles su respaldo en los comicios para renovar la Cámara de Diputados de la Federación en junio del 2027.
Pero si por el contrario, finalmente asumen que no tienen otra salida más que respaldar las reforma propuesta por Sheinbaum Pardo, las dirigencias del PT y del PVEM perderán el control de las listas de candidatos plurinominales a las cámaras de Diputados y de Senadores, con lo cual su influencia y poder, dentro y fuera de las estructuras de sus partidos se verán debilitados y se ampliarán los espacios de participación democrática en sus filas.
El hecho de que tanto aspirantes a diputados como senadores salgan a la calle a buscar el voto de la gente permitirá que los ciudadanos tengan la oportunidad de analizar a los personajes y las propuestas que formulen para conseguir el respaldo popular. El riesgo para PT y PVEM es que si rechazan y obstaculizan las reformas enviadas por la Presidenta, se enfrentarán al personaje público y político más poderoso del país, que tendrá como soporte y respaldo a millones de mexicanos que aprueban su trabajo desde el máximo cargo de la República.
Sirva como referencia que el pasado lunes 2 de marzo del 2026 el periódico El Financiero publicó una encuesta que mide el respaldo popular a la labor de la Presidenta Sheinbaum Pardo y advierte que la mandataria tiene, en promedio, el apoyo del 72 por ciento de los mexicanos.
Explica El Financiero que el sondeo se hizo a mil 300 personas adultas vía telefónica, 900 de ellas entrevistadas del 13 al 21 de febrero, antes del operativo en Tapalpa, Jalisco, para la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrido el domingo 22 de febrero. Las restantes 400 entrevistas se llevaron a cabo del 24 al 27 de febrero. Precisa El Financiero que “considerando las entrevistas antes y después del domingo 22 de febrero del 2026, la aprobación a la Presidenta pasó de 68 a 76 por ciento, una variación de ocho puntos”.
El rechazo o respaldo del PT y el PVEM a la iniciativa de Reforma Electoral de la Presidenta será determinante para la votación que ambos partidos obtengan en el 2027, pues llevará implícito el reconocimiento o el castigo de los seguidores del proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza Claudia Sheinbaum.
Además de la desaparición de los diputados plurinominales, otra propuesta relevante es la reducción del financiamiento a los partidos políticos, que originalmente se planteó que podría ser hasta del 50 por ciento y de ser aprobada quedaría apenas en una rebaja del financiamiento del 16.25 por ciento.
La iniciativa de la mandataria propone que en el Artículo 41 constitucional se establezca que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se fije anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del país por el 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Al respecto, actualmente el Artículo 41 constitucional señala que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se establece multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La reducción que la Presidenta propone representaría el 16.25 por ciento en caso de que fuera aprobada.
También se agregan disposiciones estricta para evitar el uso de dinero sucio, proveniente del crimen organizado en las precampañas y campañas políticas en tiempos electorales: “Las autoridades competentes en materia de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación institucional con la autoridad electoral nacional para proporcionar información relacionada con el registro de las candidaturas, que resulte relevante para salvaguardar la integridad del proceso electoral”.
Advierte la iniciativa presidencial que los ingresos, egresos y demás operaciones financieras, incluyendo valores, divisas y activos virtuales, así como de crédito, seguros y fianzas, la compra o venta de bienes y demás activos de los partidos políticos nacionales y locales, de las personas precandidatas o candidatas, incluyendo a las independientes, deberán ser reportados o avisados cotidianamente, en exclusivo para fines de fiscalización, por las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero o por las personas que realizan actividades vulnerables, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral, a través de los respectivos órganos supervisores, en los términos que establecen las leyes.
Los reportes y avisos de las operaciones de las personas precandidatas y candidatas sólo comprenderán los periodos de precampaña y campaña.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece en su Artículo 17 que se consideran actividades vulnerables, entre muchas otras, todas las operaciones financieras, comerciales, profesionales que pudieran ser utilizadas para el lavado de dinero de procedencia ilícita, la compraventa de inmuebles y muebles, la operación de restaurantes, bares, casinos, las operaciones de compraventa de vehículos, joyas, obras de arte, los juegos de apuesta, además de servicios profesionales que requieren por obligación tener registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
También se pretende prohibir a los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas y se advierte que toda aportación privada debería realizarse por personas físicas mexicanas y, atendiendo a las normas de debida diligencia e identificación, sin que puedan hacerse aportaciones en efectivo.
Con respecto a las aportaciones de recursos monetarios se propone que deban realizarse a través del sistema financiero nacional, mediante transferencia electrónica, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios o instrumentos financieros nominativos; estas aportaciones no serían deducibles para efectos fiscales.
El propósito de la reforma sería que las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero nacional deberán reportar para fines de fiscalización estas transacciones al Instituto Nacional Electoral a través de los órganos reguladores en los términos que fije la ley. Las aportaciones en especie serían siempre cuantificadas en moneda nacional y atenderían a lo que disponga la ley.
También la iniciativa pretende poner límites y controles a la propaganda política elaborada con Inteligencia Artificial:
“Todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley. Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado”.
La iniciativa presidencial en materia electoral fue entregada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión este miércoles 4 de marzo del 2026. El Artículo 105 constitucional establece que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
Por lo tanto, estas reformas tendrían que aprobarse y promulgarse a más tardar en el mes de mayo del 2026, pues el proceso electoral federal 2027 empezará en septiembre próximo.
(SinEmbargo)
