El caso Rocha, ¿Quién tiene derecho a producir la verdad judicial?

• La justicia no debe convertirse en una forma elegante de subordinación

Gerardo Flores Peña**

Lo verdaderamente interesante de la respuesta de la Fiscalía General de la República al pedido de detención provisional con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya no está en el destino inmediato del gobernador, sino en algo mucho más estructural: la disputa por quién tiene derecho a producir verdad judicial sobre la política mexicana. Ese es el núcleo del problema y, por tanto, el único punto desde el cual vale la pena ordenar la discusión.

Porque cuando el debate se reduce a si Rocha es culpable o inocente, se pierde de vista el movimiento más importante: la naturalización de que una fiscalía estadounidense pueda irrumpir en el campo político mexicano y reorganizarlo con una acusación cuya eficacia pública es inmediata, aunque su solidez probatoria siga siendo incierta.

El dato que activa toda esta discusión es relativamente simple y, justamente por eso, brutal:

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York construyó un expediente de treinta y cuatro páginas donde despliega una hipótesis amplia sobre relaciones entre estructura criminal y aparato estatal en Sinaloa. Sin embargo, cuando esa arquitectura narrativa fue revisada por la Fiscalía mexicana para efectos de una detención provisional con fines de extradición, la observación fue concreta: no hay pruebas materiales suficientes adjuntas que permitan proceder bajo estándares jurídicos mexicanos.

Lo que existe, hasta ahora, como soporte público directo, son tres hojas manuscritas, en fotocopias, de una supuesta narconómina donde aparece una referencia codificada: “R1”.

Y aquí conviene detenerse no para defender a Rocha, sino para defender algo más importante que Rocha: la diferencia material entre indicio y prueba. Porque la política contemporánea, sobre todo en contextos altamente mediatizados, trabaja sistemáticamente para borrar esa diferencia.

Un indicio sirve para abrir líneas de investigación mientras que una prueba sirve para sostener una imputación. El problema aparece cuando el circuito mediático y político convierte el indicio en sustituto de la prueba y transforma la sospecha en condena anticipada.

No se trata de una desviación menor del proceso judicial, sino de un cambio profundo en la relación entre poder, justicia y opinión pública utilizado con fines políticos.

Porque, además, el problema no es solamente jurídico. La propia clave “R1” ilustra bien la fragilidad de la operación. ¿A quién refiere? ¿Es efectivamente Rocha? ¿Es otro operador? ¿Es una nomenclatura criminal distinta? En estructuras criminales las claves existen precisamente para producir opacidad y compartimentación.

Por eso convertir una referencia codificada en identidad política cerrada exige una cadena de acreditación que, hasta ahora, públicamente no aparece. Y este nos importa hoy no porque deba producir absolución automática, sino porque obliga a reconocer que la espectacularidad de una acusación no puede reemplazar el trabajo material de demostración.

Sin embargo, lo más revelador no es la debilidad eventual de ese soporte, sino la velocidad con que buena parte del ecosistema político y mediático mexicano asumió que la sola existencia de una acusación estadounidense equivalía ya a verdad judicial consolidada. Y ahí aparece un problema ideológico de fondo: la estructura colonial de legitimidad.

Es decir, la disposición histórica a asumir que si Washington acusa, entonces sabe y, por el contrario si México duda, entonces encubre. Esa lógica no nace de la nada. Es producto de décadas de subordinación simbólica donde Estados Unidos no sólo aparece como potencia militar o económica, sino como centro moral y jurídico del sistema internacional.

Pero esa representación es falsa o, al menos, profundamente incompleta. Porque el aparato judicial estadounidense no existe fuera de su aparato estatal, y el aparato estatal estadounidense no existe fuera de su lógica imperial. Esto no significa que toda acusación producida por sus tribunales sea falsa, más bien significa algo más elemental: que toda producción judicial de una potencia imperial es inseparable de su posición geopolítica. La justicia no flota por encima del poder.

La justicia es una forma del poder. Y esto, que en teoría política debería ser una obviedad, suele olvidarse cuando la acusación viene revestida del prestigio institucional de Nueva York o Washington.

En ese sentido, basta mirar la propia historia reciente de Estados Unidos para entender el problema. La judicialización de la política interna se ha convertido en un rasgo central de su vida pública. Donald Trump hizo de su condición de perseguido judicial un dispositivo de movilización política, y sus adversarios hicieron del aparato judicial un terreno de contención estratégica.

No se trata aquí de decir que Trump sea víctima inocente se trata con más profundidad de reconocer que incluso dentro de Estados Unidos la justicia es ya parte abierta de la lucha por el poder. Y si eso ocurre hacia adentro, pensar que hacia afuera opera como mecanismo puramente técnico exige una ingenuidad política difícil de sostener.

Más aún, cuando el análisis se desplaza hacia América Latina, la dimensión política se vuelve todavía más evidente. El caso de Nicolás Maduro es ejemplar no porque sea idéntico, sino porque muestra el patrón. Durante años el Departamento de Justicia construyó expedientes penales, fijó recompensas millonarias y organizó una narrativa internacional de criminalización. Esa operación no era simplemente judicial. Era una pieza de una estrategia mayor de aislamiento, presión y disciplinamiento.

Lo relevante aquí no es discutir a Maduro, sino entender la forma: el derecho operando como extensión de la política exterior.

Y para medir la consistencia de este caso conviene hacer una comparación concreta, no moral, sino procesal: el juicio contra Genaro García Luna. Porque ahí sí vimos qué significa una construcción judicial extensa, acumulativa y materialmente articulada. El caso García Luna no descansó en una libreta ambigua ni en tres hojas fotocopiadas con claves abiertas a interpretación.

Descansó en años de investigación financiera, trazabilidad patrimonial, comunicaciones interceptadas, testimonios múltiples de alto nivel, colaboración de testigos protegidos y reconstrucción sistemática de redes de corrupción institucional. Se podrá discutir el peso específico de algunos testimonios, pero el expediente completo mostraba densidad probatoria, continuidad temporal y capacidad de articulación narrativa sostenida por material verificable.

Esa diferencia importa porque hoy ciertos sectores quieren producir un atajo propagandístico: “si García Luna cayó por vínculos criminales, Rocha también”. Pero esa equivalencia es intelectualmente pobre y políticamente interesada. En el caso de García Luna se juzgaba a un exsecretario de Seguridad cuya trayectoria institucional estaba atravesada por años de relaciones operativas con aparatos de seguridad y crimen organizado, y cuya fortuna personal mostraba patrones de enriquecimiento difíciles de explicar por vías legales.

Aquí, en cambio, lo que tenemos hasta ahora, según la propia revisión de la Fiscalía mexicana, es una hipótesis de relación política sostenida por un soporte documental extremadamente débil.

Y esa diferencia no es un detalle técnico. Es toda la diferencia entre justicia y propaganda. Porque cuando se equiparan casos con estructuras probatorias radicalmente distintas, lo que se busca no es esclarecer, sino transferir simbólicamente la condena de un caso consolidado hacia otro todavía no acreditado. Es un mecanismo clásico de contagio narrativo: usar la memoria social de un culpable probado para producir la apariencia de culpabilidad en un acusado todavía no probado.

Por eso comprar ambos casos como si fueran equivalentes no es rigor político, sino consumo barato de narrativa penal. Y en política eso siempre tiene efectos concretos: sustituye análisis por asociación, prueba por analogía y soberanía jurídica por espectáculo transnacional de acusación.

Y eso obliga a regresar al caso Rocha desde otra perspectiva. Porque lo que está en juego no es solamente la conducta de un gobernador, sino la facultad de un Estado extranjero para intervenir en la composición del equilibrio político interno de otro país mediante herramientas judiciales.

La forma contemporánea de intervención ya no necesita desembarcos militares. Le basta con producir costos políticos diferenciados. Una acusación penal de alto perfil altera relaciones de poder, modifica incentivos internos, reordena alianzas y redefine futuros posibles, incluso antes de ser jurídicamente sostenida.

Ese es el punto materialista del problema: la eficacia política precede muchas veces a la eficacia judicial. Primero se produce el efecto político, después, si es posible, se consolida jurídicamente. Y si no se consolida, el daño ya fue producido.

La pregunta entonces deja de ser si Rocha caerá o no, y pasa a ser otra: ¿qué significa aceptar como normal que actores centrales de la política mexicana puedan ser reconfigurados por expedientes extranjeros cuya fuerza política supera de entrada a su consistencia probatoria?

La respuesta a esa pregunta tiene implicaciones de soberanía. Porque la extradición, aunque jurídicamente regulada, no es un mecanismo neutral entre iguales. Es un dispositivo asentado sobre relaciones materiales de poder desigual. Estados Unidos no solicita extradiciones desde una posición abstracta de legalidad universal; las solicita desde su posición concreta de hegemonía. Y esa hegemonía pesa sobre todo el procedimiento. Pensar que la ley opera por fuera de esa asimetría es, en el fondo, una forma de idealismo jurídico.

Por eso la respuesta de la Fiscalía mexicana importa políticamente, aun si mañana aparecieran nuevas pruebas. Importa porque reintroduce un principio básico: en México la carga probatoria no puede sustituirse por prestigio imperial. Eso no es proteger a Rocha. Eso es defender la estructura mínima de soberanía jurídica. Porque si hoy bastan tres fotocopias manuscritas con una clave ambigua para producir la expectativa de captura inmediata de un gobernador en funciones, entonces el estándar de intervención se vuelve peligrosamente bajo.

Y aquí es donde aparece la contradicción más delicada para la política mexicana. Defender soberanía no puede significar cerrar filas corporativamente con cualquier actor acusado. Ese sería el error simétrico. Pero renunciar a la soberanía bajo la ilusión de una justicia extranjera desinteresada es todavía peor. La posición correcta es más exigente: investigar todo, probar todo y juzgar todo, pero hacerlo desde instituciones propias, con estándares propios y bajo jurisdicción propia.

Porque, en última instancia, lo que está en juego no es un hombre, ni siquiera un gobierno estatal, sino algo más elemental: quién decide sobre México. Y esa pregunta no es abstracta. Cada vez que una acusación extranjera produce reorganización política interna antes de ser probada, esa decisión empieza a desplazarse hacia afuera. Ahí es donde conviene pensar con frialdad. No para absolver anticipadamente a nadie, sino para impedir que la justicia se convierta, otra vez, en la forma elegante de la subordinación.

** Ayudante de investigación del Instituto de Investigaciones Filosóficas “Luis Villoro”