Luz verde a agenda antimigrante de Trump; más inmigrantes morirán, advierte Jueza

Washington y Nueva York. La Suprema Corte de Estados Unidos dio luz verde a dos iniciativas clave de la agenda antimigrante del gobierno de Donald Trump, al permitir la expulsión de hasta un millón de inmigrantes protegidos hasta ahora de la deportación por la violencia e inseguridad en sus países de origen y, por otro lado, al autorizar el rechazo a solicitantes de asilo que intenten entrar por la frontera con México.

“Creemos que el fallo de hoy viola la ley internacional, como también la intención expresa del Congreso, la cual consagró los derechos y obligaciones de la Convención sobre Refugiados en la ley federal hace más de 40 años.

“Durante décadas, Estados Unidos ha permitido que individuos y familias que están huyendo de la persecución, tortura y muerte soliciten protección en las fronteras estadunidenses y ejerzan su derecho legal a solicitar asilo”, declaró Erika Pinheiro, directora ejecutiva de Al Otro Lado, la organización que impulsó la demanda legal que buscaba el cambio de esa política del gobierno de Trump.

En su argumento discrepando con el fallo aprobado por un voto de 6 a 3, la jueza suprema Sonia Sotomayor fue franca: “Las consecuencias del fallo de hoy son predecibles: más gente morirá”.

Agregó que cuando las solicitudes de asilo no se pueden hacer en los cruces fronterizos del gobierno estadunidense, “más gente intentará cruzar la frontera de manera ilegal, y algunos lo lograrán mientras otros no”.

Aún se esperan fallos adicionales sobre política migratoria, incluyendo los esfuerzos del gobierno de Trump de negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que nacen en Estados Unidos. Observadores del tribunal supremo indican que los jueces emitirán un fallo contra este esfuerzo para anular el derecho a la ciudadanía por nacimiento que hasta ahora ha sido garantizado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

A pesar de sus triunfos ante la Suprema Corte, la agenda antimigratoria de Trump sigue enfrentando retrocesos y derrotas. Este jueves, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó que está clausurando su famoso centro de detención para migrantes apodado Alcatraz de los Caimanes; activistas afirman que esto es, en parte, resultado de sus incesantes protestas sobre las condiciones inhumanas dentro de esa instalación.

A la vez, por ahora los operativos masivos antimigrantes de miles de agentes federales se han reducido en Los Ángeles, Minéapolis, Chicago y otras ciudades donde coaliciones de organizaciones y líderes municipales han denunciado sus abusos y han impuesto restricciones sobre ese tipo de actividades.

Y en días recientes, un juez federal prohibió que agentes federales arresten a inmigrantes que acuden a citas en tribunales de inmigración alrededor del país, una práctica favorita del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional ahora está buscando vender siete de los 11 almacenes que había adquirido para usar como centros de detención de inmigrantes, reportó The New York Times.

Pero el gobierno de Trump procede en su ofensiva antimigrante y el otro fallo de la Suprema Corte hoy le permitirá proceder con la deportación de hasta 350 mil inmigrantes de Haití y de Siria que habían permanecido en este país bajo una medida establecida por el Congreso llamada Estatus de Protección Temporal (TPS), que se otorga a aquellos inmigrantes provenientes de naciones con condiciones sumamente peligrosas.

El fallo indica que, a falta de acción legislativa sobre el asunto, el Ejecutivo tiene el derecho de evaluar y revocar el TPS. Expertos calculan que hay un total de 1.3 millones de personas de más de una decena de países que residen de manera legal en Estados Unidos bajo el TPS, y ahora todas están bajo riesgo.

Sólo el Congreso puede revertir el fallo, y legisladores demócratas y varios republicanos ya están elaborando un proyecto de ley para frenar la anulación del TPS para haitianos, quienes entre otros son parte de la columna vertebral del sistema de salud en varias partes de Estados Unidos.

Anular el TPS causará “una crisis en nuestros hospitales”, advirtió el legislador republicano Mike Lawler hoy, sólo una de la amplia gama de voces que protestó la decisión.

El fallo que permite que el gobierno limite el derecho al asilo en la frontera con México es un retorno a una política adoptada primero por el gobierno de Barack Obama, en la cual los solicitantes de asilo fueron físicamente bloqueados de cruzar y pisar territorio estadunidense, donde tendrían derecho a presentar una solicitud de asilo bajo la ley local. El primer gobierno de Trump adoptó esa política y trabajó con el gobierno de México para frenar el flujo migratorio hacia la frontera estadunidense.

Ahora con las medidas extremas para frenar el acceso a la frontera durante este segundo periodo de Trump en la Casa Blanca —lo cual incluye el despliegue de 9 mil tropas militares a la frontera— muy pocos inmigrantes han podido llegar a los cruces oficiales estadunidenses para solicitar asilo.

Defensores critican que las autoridades mexicanas son cómplices en las medidas para negar el asilo. “El gobierno de Estados Unidos se coordina con el gobierno mexicano para desplegar a la Guardia Nacional armada con rifles de asalto como también agentes mexicanos de inmigración en diferentes puntos en la fila para peatones para verificar si individuos cuentan con los documentos para ingresar a Estados Unidos, para asegurar que nadie pueda llegar a la línea fronteriza”, explicó Nicole Ramos, la abogada encargada del proyecto de derechos para Al Otro Lado:

“Ha habido instancias donde hemos estado con grupos de niños inmigrantes no acompañados y hemos creado distracciones para estos agentes y con ello lograr que lleguen al lado estadunidense”. Invitó a los políticos, jueces de la Suprema Corte y otros a visitar la frontera para ver todo esto: “Es muy fácil hablar de algo que nunca has visto”.

La Suprema Corte también emitió otros fallos más este jueves. Amplió los derechos de dueños de armas de fuego y, por otro lado, protegió a la transnacional Bayer de miles de demandas legales relacionadas a los daños causados por el glifosato, que es ingrediente del herbicida Roundup.

(La Jornada)