Ley general de los pueblos indígenas: la agenda pendiente
El proceso de elaboración de la iniciativa de la ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos está próximo a su cierre. Desde el mes de junio del presente año, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de lo que describió como una consulta amplia a pueblos y comunidades indígenas de todo el país; sin embargo, ya en los hechos, el proceso ha estado marcado por el apresuramiento, numerosos descuidos e incluso denuncias de atropellos a los usos y costumbres, todo lo cual proyecta una densa sombra de cuestionamiento a la legitimidad de la iniciativa.
Por ello, a pocos días de la presentación de la misma en el Congreso de la Unión, merece la pena hacer un breve balance del proceso.
La propuesta de ley surge como consecuencia directa de la reforma constitucional sobre pueblos y comunidades indígenas de 2024.
El reconocimiento constitucional de los derechos de este grupo poblacional requiere de una ley general que aterrice las obligaciones y competencias del Estado para la garantía de dichos derechos. Por ello, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas asumió la tarea de realizar más de 80 asambleas regionales y mesas de trabajo con participación de comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional, para garantizar la escucha de las mociones de los 68 pueblos indígenas reconocidos en el país.
La sola realización de las asambleas fue objeto de justificados cuestionamientos, dados los antecedentes de tantas consultas realizadas al vapor, que han instrumentalizado la voz de los pueblos indígenas con fines políticos, electorales y sobre todo económicos –como es el caso de diversos proyectos extractivos–, que no se han traducido en el mejoramiento de sus condiciones de vida ni en la garantía de sus derechos constitucionales.
En este caso, tras el anuncio de la presentación de la iniciativa para la fecha cargada de simbolismos del 12 de octubre, el proceso se tuvo que apresurar, con lo cual se replicaron prácticas que han sido contrarias a los sistemas normativos propios de las comunidades.
Por los pronunciamientos y testimonios de diversas comunidades sabemos que el proceso fue excluyente, no se notificó con la suficiente antelación y se atropellaron las formas de organización y toma de decisiones de los pueblos.
La organización Indígenas 3D elaboró un “Mapa de la Inconformidad”, que documenta al menos 119 comunidades, municipios y regiones de 15 entidades federativas que han externado su rechazo a las asambleas y al proceso de consulta mismo. El Congreso Nacional Indígena y el EZLN también manifestaron su rechazo al proceso, mientras en comunidades de Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Yucatán y Campeche se ha impedido la realización de las asambleas por falta de confianza dadas las irregularidades en el proceso.
Asimismo, se tiene registro de pueblos en Aguascalientes, Zacatecas y Tamaulipas que reclaman no haber sido considerados.
Entre las principales preocupaciones y críticas externadas en torno a la iniciativa, además de la desconfianza generalizada hacia el gobierno por el modo como históricamente se ha relacionado con los pueblos, preocupa que la ley reduzca los márgenes de autonomía de las comunidades indígenas, especialmente en la toma de decisiones sobre megaproyectos de carácter público y privado.
Existen artículos, por ejemplo, cuya redacción permite interpretar que se deberá consultar a los pueblos cuando el impacto de las decisiones se considere significativo, pero no se establecen los parámetros o criterios para medir dicho impacto.
Pese a todos los reclamos que hoy por hoy ponen en duda la legitimidad de la iniciativa, todavía queda abierta una pequeña ventana de oportunidad para enmendar el camino y remediar la propuesta de ley general, de modo que sea una verdadera herramienta para la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Para ello, el eje deben ser los propios pueblos, su voz y sus demandas.
Ciertamente, el actual gobierno ha dado visos de tener un real interés por fortalecer la agenda indígena, pero la concreción de dicho propósito sólo adquirirá legitimidad si se aleja de la vieja pauta de instrumentalizar a los pueblos indígenas con fines clientelares, electorales y económicos, y si se adecúan los tiempos, formas y contenido a las necesidades de los pueblos y comunidades que por tantos años han sido invisibilizadas, despojadas y desplazadas en nuestro país.
De lo que se trata es de llevar a cabo un ejercicio auténticamente democrático e intercultural, que establezca como punto de partida la deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos y comunidades que por más de 500 años han resistido dignamente desde sus territorios.
Sólo así se podrá llevar a cabo una auténtica transformación estructural del Estado en su relación con los pueblos que por siglos habitaron el territorio bajo su propia forma de gobierno y organización social.
La iniciativa será presentada próximamente, por lo que la sociedad debe estar atenta al proceso de deliberación legislativa y a su redacción final.
Con independencia de ello y aún en el escenario deseable de que se logre cristalizar un documento ejemplar, el gobierno mexicano deberá recordar que una ley no subsana en ninguna medida el daño generado por siglos a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.
De modo que la positivización del derecho es de suma relevancia, pero ello no agota la compleja agenda que queda por delante para darle vida material a una norma jurídica a través de políticas públicas y ejercicio coherente de gobierno para garantizar efectivamente los derechos de los pueblos.
(La Jornada)
