Nación y pueblos indígenas
1. El 12 de octubre de 1492 inicia el proceso colonial de genocidio, etnocidio, racismo, segregación y violencia que constituye la esencia histórica de los llamados pueblos indígenas, al igual que la resistencia, la rebelión, el sincretismo y la transformación constante de sus luchas contra la opresión y explotación de las matrices raciales, culturales y de clase que impusieron los colonizadores y sus descendientes, que forman parte de las clases dominantes en las diferentes sociedades nacionales surgidas de ese proceso.
2. Pese a la heterogeneidad en sus características étnicas y culturales, condiciones de vida y reproducción, hábitats rurales y urbanos, los pueblos originarios han confrontado, desde sus diferencias y semejanzas con las poblaciones nacionales, las políticas de los aparatos estatales administrativos, judiciales, civiles, militares, corporaciones capitalistas, grupos de poder político y económico, organizaciones patronales, denominaciones religiosas, estrategias de guerra de contrainsurgencia, hambrunas, epidemias, y, ahora, la militarización y las mafias del crimen organizado que atentan, de nueva cuenta contra su integridad territorial, recursos naturales, conocimientos ancestrales, formas de organización social, identidades, lenguas, culturas e, incluso, amenazan la existencia de los pueblos, como en Topolobampo, Sinaloa.
3. Los estados nacionales siguieron una política con los pueblos originarios que, contradictoria en su especificidad, ha sido, a la vez, o de acuerdo a sus intereses económicos y políticos, asimilacionista –integracionista y/o segregacionista– diferencialista, aunque ambas expresan la misma estrategia opresiva, subordinante y discriminatoria.
En América Latina, los pueblos indígenas fueron reducidos demográficamente, sus territorios invadidos y despojados, y a lo largo del proceso de integración nacional, los grupos dominantes impusieron una historia, una cultura, una lengua, una religión, formas de organización social, instituciones y marcos jurídicos a través de los mecanismos coercitivos del Estado: la instrucción pública, la administración centralizada, el mercado nacional y el ejército, como medios de socialización de la llamada cultura o carácter nacional.
Estas entidades nacionales se constituyen en hegemónicas y subordinantes frente a las formas culturales de naturaleza étnica, que, en consecuencia, se identifican como culturas subalternas.
4. Un contexto general es el etnocentrismo y el racismo que han caracterizado los procesos de formación nacional en los que la conquista europea sobre la población precolombina y la conformación de estados naciones durante el periodo independentista, se realizaron a partir de la brutal explotación de la fuerza de trabajo indígena y de origen africano, el no reconocimiento de los derechos e identidades de estos pueblos, y la edificación de sociedades basadas en los modelos civilizatorios de Europa y Estados Unidos.
Así, la construcción de Estados nacionales latinoamericanos fue un proceso de “arriba a abajo”, originado por las oligarquías criollas que despreciaban a los pueblos originarios y los consideraban “fuera de la nación”, ausentes de las Cartas constitucionales, que no reflejaron la alteridad étnicacultural sino hasta la última década del siglo XX, bajo la presión del movimiento indígena y su conmemoración, en 1992, de los 500 años de resistencia a la invasión y conquista europeas de nuestro continente.
5. A 534 años del inicio de esa conquista, la territorialidad, los recursos naturales, la integridad física y cultural, las formas de organización colectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina y en México, en particular, son sitiados permanentemente por las corporaciones del capitalismo militarizado y delincuencial, denominado por William Robinson acumulación militarizada, dentro de la cual incluyo al narcotráfico y a las estrategias contrainsurgentes de matriz estadunidense.
Lo que está en el centro del negocio del narcotráfico es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, que constituye el fundamento material de la reproducción de los pueblos y el espacio estratégico de sus luchas. La finalidad del crimen organizado es expropiar a los indígenas de sus tierras, –recursos y– fuerza de trabajo y, a través de la criminalización que conlleva facilitar las actividades del ejército en sus tareas represivas y contrainsurgentes, con el auxilio de grupos paramilitares que operan como el brazo clandestino de las fuerzas armadas para la guerra contrainsurgente.
Con el pretexto del “combate contra el narcotráfico”, extensas zonas indígenas son víctimas de operativos del ejército en un proceso creciente de militarización, que continua en extensión y profundidad con el gobierno actual y pese a farsas legislativas y consultas amañadas, teniendo lugar todo tipo de abusos y violentando sus derechos humanos y colectivos como pueblos originarios.
