Claudia Sheinbaum pide a la Suprema Corte aclarar la compra de camionetas para ministros
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este viernes 23 de enero sobre la polémica generada por la adquisición de nueve camionetas blindadas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y solicitó que el propio órgano judicial transparenté y detalle públicamente el proceso de compra y las razones detrás de la decisión.
La mandataria federal, durante su conferencia matutina desde Veracruz, explicó que al conocer la noticia solicitó información a través de la Secretaría de Gobernación, la cual consultó al órgano administrativo de la Corte. El reporte que recibió indica que las camionetas fueron adquiridas para sustituir un contrato de arrendamiento de vehículos, lo que, según ese organismo, habría generado un ahorro superior a los mil millones de pesos.
Sheinbaum destacó que este cambio de modalidad —de renta a compra directa de unidades— fue lo que propició el ahorro, aunque no detalló personalmente los montos por unidad ni el proceso de adquisición. Subrayó que corresponde a la Suprema Corte y a su Comité de Administración informar con detalle al público sobre los criterios utilizados, los costos reales por unidad y si la compra respondió a alguna situación concreta de seguridad institucional.
Al ser cuestionada sobre si existía conocimiento de amenazas específicas contra los ministros que justificaran la dotación de vehículos blindados, la presidenta señaló que esa información debe ser aportada por la Corte. Reiteró que su gobierno solo ha dado a conocer la información que fue proporcionada institucionalmente.
La petición de claridad ocurre en medio de una discusión pública sobre el uso de recursos públicos en instituciones autónomas y el papel de la transparencia en compras relevantes, especialmente cuando se trata de alta jerarquía institucional como la Suprema Corte.
La SCJN renovó su flotilla vehicular con camionetas tipo Jeep Cherokee blindadas, justificando que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios, una medida que ha sido defendida por el máximo tribunal pero ahora solicitada a esclarecer por parte del Ejecutivo.
